Senado de la República

• Tras fiscalización de la Cuenta Pública 2011, se encontraron anomalías en el manejo de recursos para las Olimpiadas Nacionales Juveniles de 2011 en Yucatán
• El desfalco ocurrió durante la administración de Angélica Araujo en Mérida e Ivonne Pacheco como gobernadora
• De no aclarar el destino de 29 millones de pesos, se podría proceder a imponer sanciones penales y administrativas
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) avaló las anomalías reportadas por el Senador Daniel Ávila Ruiz al respecto de un desvío de cerca de 29 millones de pesos en 2011, con motivo de las Olimpiadas Nacionales Juveniles realizadas en el estado de Yucatán.
“Interpusimos una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación cuando aún era Diputado federal y formaba parte de esa comisión, debido a que de los 110 millones de pesos que costó el financiamiento de las Olimpiadas Juveniles, cerca de 29 millones no pudieron ser comprobados” aclaró Ávila Ruiz.
La revisión de la cuenta pública 2011, hecha por la ASF, concedió razón al legislador panista sobre que existen irregularidades en el uso de recursos públicos federales destinados a obras de infraestructura deportiva municipal por parte del ayuntamiento de Mérida, entonces presidido por la priista Angélica Araujo Lara, durante la administración de 2010 a 2012.
El evento deportivo se realizó mientras que Ivonne Ortega ejercía la gubernatura de Yucatán, con un costo total de 110 millones de pesos provenientes de recursos federales. En su momento, el municipio de Mérida donó 10 millones de pesos, por lo que Ávila Ruiz interpuso la denuncia correspondiente ante la ASF.
El resultado de la auditoría No. 1113 sobre el Convenio de Reasignación de Recursos en Apoyo a la Olimpiada Nacional 2011 arrojó que se utilizaron casi 26 millones de pesos para hospedaje y alimentación que no pudieron ser comprobados. Igualmente, el Instituto de Deporte de Yucatán (IDEY) no pudo comprobar el gasto de 1 millón 150 mil pesos bajo el rubro de “gastos no autorizados”.
El documento emitido por la ASF solicita a los responsables en el manejo de estos recursos federales, que expliquen en los próximos días el destino de aproximadamente 29 millones de pesos, o en su caso la restitución con intereses de los mismos. De lo contrario, se impondrán las sanciones penales y administrativas correspondientes.
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