El informe preliminar elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno al caso de la desaparición de estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, tira por los suelos aquella frase “ésa es la verdad histórica de los hechos”, pronunciada por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó la senadora Angélica de la Peña Gómez.
Dijo que el comunicado 312/15 de la PGR es una respuesta insuficiente al informe de la CNDH, porque no reconoce su responsabilidad por las omisiones en las averiguaciones y en la práctica de diligencias ministeriales y tampoco indica que haya iniciado un procedimiento de investigación interna que determine la responsabilidad de tales negligencias.
La senadora del PRD consideró que el compromiso de la PGR de continuar con una investigación profunda, exhaustiva y transparente, demuestra el compromiso que la Procuradora Arely Gómez tiene con los derechos humanos, con las víctimas y sus familias, sin embargo, “mientras no se reconozcan los errores y la incapacidad institucional para atender un asunto de extrema gravedad, no podrán darse los avances contundentes hacia el esclarecimiento de los hechos, la detención y sanción de todos los responsables de lo ocurrido con estos jóvenes estudiantes”, añadió.
Explicó que no son menos graves las omisiones cometidas por la Fiscalía General del Estado de Guerrero en las pesquisas, pues han dado paso prácticamente a la impunidad y a un indignante olvido del joven Julio César Mondragón, cuyo rostro fue desollado y hasta el día de hoy se desconocen las causas y los responsables de tal atrocidad.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos indicó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas también debe admitir que su labor se ha quedado corta ante la envergadura del caso Iguala y que es momento de hacer correcciones estructurales, porque su tarea primordial es brindar atención integral e inmediata a las víctimas del delito.
“Y si la CNDH le dice que debe elaborar -300 días después de los hechos- un plan integral de reparación del daño y la elaboración de un estudio de impacto sicosocial a nivel colectivo, familiar e individual, algo está mal evidentemente”, agregó.
No es momento de escuchar un mea culpa por parte de las autoridades responsables de esclarecer lo ocurrido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala y Cocula, Guerrero, sino de que asuman su responsabilidad por una investigación deficiente, la corrijan y aseguren el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia y la reparación del daño; ese es la única vía para que estos hechos no se repitan nunca más, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
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