Senadores del PRI impulsan la realización de la consulta libre e informada a los pueblos indígenas, sobre los proyectos de desarrollo en sus comunidades, a fin de que participen en la toma de decisiones y evitar que bajo el pretexto de la modernidad sean atropellados sus derechos de naturaleza colectiva.
Señalaron que se trata, sobre todo, de aspectos del desarrollo sustentable, ya que muchas de las actividades como la minería, la instalación de centros eólicos y megaproyectos emanados de la reforma energética o de infraestructura, como el nuevo aeropuerto en Texcoco, tienen que ver con el cambio de los ecosistemas y del medio ambiente.
En su propuesta de reformas a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, establecen que las comunidades son excluidas de cualquier opinión en aras del desarrollo económico.
En la iniciativa presentada por Sofío Ramírez y Roberto Albores destacan que, a pesar de la recomendación, en el 2015, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Ra'ad Zeid Al Hussein, para que el Estado mexicano garantizara promover la consulta, no se ha puesto en práctica.
A pesar de esta observación, y durante los últimos doce años en nuestro país, la disposición territorial se ha realizado principalmente por medio de otorgamiento de concesiones mineras y de energía eléctrica a empresas trasnacionales, sin ni siquiera informar ni consultar previamente a los dueños de la tierra y de los territorios.
Ello, agregaron, contraviene incluso los principios básicos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); e ignora la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.