El senador panista Héctor Flores Ávalos propuso reformar el artículo 27 constitucional para otorgar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, mediante la regulación de la asociación de ejidatarios y comuneros entre sí, con el Estado o con particulares, como inversionistas e instituciones financieras.
Al presentar su iniciativa ante el pleno del Senado, Flores Ávalos subrayó que es necesario salvaguardar los derechos de comuneros y ejidatarios en los esquemas de asociación de largo plazo, y establecer en la ley los casos específicos en que la autoridad deba intervenir, en beneficio de la propiedad social.
“Debemos erradicar la extorsión que se presenta con el cambio de cada autoridad ejidal, que inhiben y afectan no sólo la inversión productiva del campo, sino sobre todo las posibilidades de desarrollo de los propios comuneros y ejidatarios”, planteó.
El senador por Durango dijo que los beneficios económicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por México en 1994, no han propiciado la reactivación del campo mexicano como uno de los principales motores de nuestra economía, y tampoco se han trasladado a los pequeños productores, ejidatarios y comuneros.
“La reforma hecha en 1992 al artículo 27 constitucional ya no alcanza para propiciar el desarrollo económico del campo mexicano, y mucho menos para permitir que se le coloque en niveles de competitividad y de productividad suficientes, para afrontar la competencia del comercio internacional”, consideró el legislador por Durango.
Apuntó que ante la amenaza reiterada por parte del Gobierno de Estados Unidos de acabar con el TLCAN, “es urgente asegurar el abasto interno de diversos productos de primera necesidad y el fortalecimiento decidido del campo mexicano y de nuestra autosuficiencia alimentaria”.
En este sentido, Flores Ávalos dio a conocer que próximamente presentará una serie de iniciativas para reformar la Ley Agraria, con el fin de reorientar el presupuesto y la burocracia gubernamental dedicada al campo para garantizar su eficacia.
“Propondremos también la creación de una oficina gubernamental que, con información de la Secretaría de Economía, de Bancomext y de Proméxico, se convierta en una aliada permanente del ejido y de los pequeños productores en esos esquemas de asociación de largo plazo”, expuso.
De igual modo, indicó que se deben revisar los incentivos fiscales a la actividad productiva del campo.
“Si hay un espacio de oportunidad es precisamente ahí; a nadie le debe de quedar duda que el actual esquema tributario lastima y disminuye el desarrollo de la actividad productiva del país”, acotó.
México, concluyó Flores Ávalos, tiene ante sí la enorme oportunidad y la obligación de promover que los beneficios del intercambio comercial efectivamente lleguen al campo mexicano y, sobre todo, a los pequeños productores.
La iniciativa del senador de Acción Nacional se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictaminación.
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7 de septiembre de 2017
* Versión de la intervención en tribuna del senador Héctor David Flores Ávalos, al presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Muchas gracias, senadora Presidenta.
Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores.
Como todos sabemos, hoy se negocia la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hay un grupo de compañeras y compañeros senadores que hemos acompañado al Gobierno federal en este proceso. Están sobre la mesa distintas posiciones por parte de los tres países en relación con temas trascendentales para cada una de sus sociedades.
Voy a ser muy breve y muy puntual para referirme a uno de ellos que se ha planteado del lado mexicano, me refiero al de la productividad y la competitividad del campo. El Tratado de Libre Comercio en cifras macro, indudablemente ha generado beneficios para la industria agroalimentaria y ganadera, sobre todo si se compara con las cifras existentes antes de la entrada en vigor del Tratado, sin embargo, por diversas razones los beneficios que han llegado a la industria no han propiciado la reactivación del campo mexicano como uno de los principales motores de nuestra economía, y mucho menos han permitido trasladar esos beneficios económicos a la vida de los pequeños productores, de los ejidatarios y de los comuneros.
En el año de 1992, como todos recordamos, se implementó una reforma de enorme trascendencia, una reforma al artículo 27 constitucional. El reconocimiento de la personalidad jurídica del ejido y la posibilidad de comuneros y ejidatarios de incorporarse de propiedad privada fue, sin duda alguna, un cambio trascendental en la vida del campo mexicano.
Sin embargo, hoy esa estructura queda corta, ya no alcanza para propiciar el desarrollo económico del campo mexicano y mucho menos para permitir que se le coloque en niveles de competitividad y de productividad suficientes para afrontar la competencia del comercio internacional que ahora se propone.
Los distintos esquemas de asociación y de inversión que hoy existen para detonar el desarrollo de otros sectores, están fuera de toda posibilidad cuando se habla del campo mexicano por diversas razones, pero por una fundamental: la falta de certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra, pero sobre todo, en relación con la asociación de ejidatarios y comuneros entre sí, con el Estado, o con terceros que pueden ser inversionistas o, incluso, instituciones financieras.
Hoy, ante la amenaza de una decisión irresponsable por parte del gobierno de los Estados Unidos es urgente asegurar ya no sólo el abasto interno de diversos productos de primera necesidad, sino también el fortalecimiento decidido del campo mexicano y de nuestra autosuficiencia alimentaria.
Debe quedar claro, compañeras y compañeros, que una decisión irresponsable del Presidente Trump, con su propia economía, como sería terminar con el Tratado, preocupa a México en cuanto vecinos y socios, pero no le asusta. Nuestra economía y nuestra capacidad de salir adelante no debe estar en duda de nadie.
Así, compañeras y compañeros senadores, me he permitido presentar ante esta Asamblea la presente iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, fracción séptima, mediante la cual se busca fundamentalmente lo siguiente:
Primero, otorgar una verdadera certidumbre jurídica a las asociaciones de largo plazo del ejido con terceros, sea con el Estado o con instituciones privadas.
Debemos buscar erradicar la extorsión que se presenta con el cambio de cada autoridad ejidal, que inhiben y afectan no sólo la inversión productiva del campo, sino sobre todo las posibilidades de desarrollo de los propios comuneros y ejidatarios; establecer condiciones efectivas para la salvaguarda de derechos de comuneros y ejidatarios, en dichos esquemas de asociación de largo plazo, permitiendo que sea la ley de la materia la que detalle los casos específicos en que la autoridad pueda y deba intervenir en beneficio de la propiedad social.
Adicionalmente, he preparado una serie de iniciativas de modificación a la Ley Agraria y otros ordenamientos para propiciar lo siguiente:
Primero, reorientar el presupuesto y la burocracia gubernamental dedicada al campo para garantizar su eficacia. Proponemos la creación de una oficina gubernamental que, con información de la Secretaría de Economía, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, y también de Bancomext y de Proméxico, se convierta en un aliado permanente del ejido y de los pequeños productores en estos esquemas de asociación de largo plazo.
Proponemos también revisar los incentivos fiscales a la actividad productiva del campo, si hay un espacio de oportunidad, es precisamente ahí; a nadie le debe de quedar duda que el actual esquema tributario lastima y disminuye el desarrollo de la actividad productiva del país.
Propongo igualmente la conformación de un fondo trilateral de financiamiento, que conjuntamente con los Estados Unidos de América y Canadá se instrumente a través de los bancos de desarrollo de cada país, para apoyar proyectos productivos que impliquen asociaciones de largo plazo, en los que se aprovechen experiencias exitosas de financiamiento, como lo son en México los fondos de garantía y contragarantía que han permitido abaratar el acceso al crédito.
México tiene ante sí la enorme oportunidad y la obligación de promover que los beneficios del intercambio comercial efectivamente lleguen al campo mexicano, pero sobre todo a los pequeños productores.
Compañeras y compañeros:
Cuando hablamos de libre comercio y de libre mercado, hablamos de un tratamiento arancelario igualitario, que propicie el intercambio comercial y debe generar iguales oportunidades de competencia.
Sin embargo, el libre mercado encierra un problema que puede destruir su propio ideal de libertad y de tratamiento igualitario, dar el mismo acceso a todos, a las mismas tarifas, sin preocuparnos por colocar en el mismo punto de partida a quienes están compitiendo en clara desventaja acabará por aniquilar sus oportunidades.
En ese sentido, el Tratado de Libre Comercio está en deuda con el campo mexicano, no perdamos la oportunidad de cambiar la historia.
Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, compañeros.
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