El senador Mario Delgado Carrillo urgió al Sistema Nacional Anticorrupción, tanto a nivel local como federal y a la Procuraduría General de la República a investigar y sancionar severamente a los responsables de “La Estafa Maestra”, la cual calificó como un claro acto de ilegalidad, corrupción y desvío de recursos.
Delgado resaltó que de acuerdo con la publicación del portal de Animal Político el gobierno federal ha desviado y desaparecido recursos públicos, a través de un modus operandi en el que 11 dependencias federales realizaron 73 convenios para la realización de proyectos con diversas Universidades Públicas, mismas que subcontrataron a empresas inexistentes (“fantasmas”) para emprender dichos proyectos.
En ese sentido, solicitó a la Secretaría de la Función Pública auditar todos los convenios realizados entre entidades públicas federales y Universidades Públicas vinculados con este caso. Mientras que a la Secretaría de Hacienda le pidió determinar el destino final de los recursos económicos triangulados a través de dicho mecanismo de “estafa”, además de revelar los nombres de los beneficiarios.
“En esta investigación se detectaron contratos ilegales por casi 7,670 millones de pesos, de los cuales se desconoce el destino de 3,433 millones. Por ello, es de suma importancia que el Sistema Nacional Anticorrupción, la PGR y la Auditoría Superior actúen de manera urgente y contundente, y no dejen impune esta estafa que le propina el gobierno federal a todos los mexicanos”, declaró Mario Delgado.
El legislador de Morena recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con anterioridad había señalado la existencia de irregularidades en el uso y destino de los recursos en convenios firmados por Instituciones de Gobierno y Universidades públicas.
Un ejemplo de ello, dijo, fue la auditoría realizada a la Universidad Autónoma del Carmen en 2011. En ésta, la ASF detectó las siguientes anomalías: el exceso en el porcentaje establecido en la normatividad para la subcontratación de terceros en la realización de los trabajos convenidos, así como la no acreditación de la relación laboral con los profesionistas que participaron; la aceptación de trabajos en donde carecía de facultades para cumplir con el objeto del convenio suscrito; la ausencia de documentación comprobatoria de los gastos inherentes a los convenios específicos; y los cobros en demasía por horas no utilizadas, entre otros.
Delgado Carrillo comentó que la triangulación de recursos públicos se hace cada vez más sofisticada. Y detalló que lo más aberrante en estos esquemas de convenios es que permiten en algunos casos, eludir las licitaciones públicas, simular adquisiciones y servicios, subcontratar proveedores que no cuentan con los perfiles o las capacidades técnicas, humanas o materiales para prestar el servicio.
Finalmente, exhortó al Congreso de la Unión a constituir una Comisión de Investigación que deslinde las responsabilidades políticas de los titulares de las dependencias y organismos públicos involucrados en “La Estafa Maestra”.
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