La irresponsabilidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno ha profundizado la terrible exclusión social que sobreviven niñas, niños y adolescentes, que por diversas razones carecen de los cuidados parentales y que se encuentran en situación de calle o en centros de atención, lamentó la senadora Angélica de la Peña.
Durante el Conversatorio sobre el Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes a vivir en Familia y los Centros de Asistencia Social, la legisladora del PRD señaló que el incumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de las autoridades ha permitido que los centros de asistencia social funcionen en total anarquía.
“Desconocemos su número, ubicación, características, su normatividad, los programas de atención implementados, los criterios para contratar a su personal o la calidad de los servicios de salud; tampoco conocemos el perfil de cada niña, niño y adolescente que se encuentra en estos centros, ni los controles para verificar el funcionamiento de estos últimos”, alertó.
Indicó que el país entero ha conocido de casos verdaderamente terribles, el último fue el de La Ciudad de los Niños en Salamanca, regido por un sacerdote y monjas, al que ninguna autoridad verificó.
“No les importó saber si comían bien; si recibían atención médica o educación; mucho menos le interesó verificar si la atención que recibían cotidianamente respetaba los derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad que ahí se encontraban”, añadió.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos advirtió que es inadmisible que en México niñas y niños sigan siendo víctimas de violencia, incluida violencia sexual, en centros de asistencia social, “ya basta de que las autoridades sigan actuando con discrecionalidad en este tipo de casos, que simplemente esperen un tiempo para que la opinión pública y los medios de comunicación se olviden y todo siga igual”, agregó.
En ese sentido, insistió en que la Procuraduría General de la República atraiga el caso de La Ciudad de los Niños de Salamanca, pues no hay confianza en que las autoridades de Guanajuato realicen una investigación imparcial, confiable y certera.
De la Peña Gómez expresó que con la vigencia de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no hay pretextos para que en México no se avance en garantizar un estado de derechos para las niñas y los niños, pero se requiere que las instituciones del Estado mexicano cumplan con sus mandatos.
Para ello, continuó, la Cámara de Diputados debe coadyuvar a que el DIF nacional cumpla con los preceptos de la ley y para que funcionen el Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y las Procuradurías de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que la exhortó respetuosamente a etiquetar los recursos necesarios en el próximo presupuesto de egresos.
“Las autoridades de los tres órdenes de gobierno no tienen ninguna excusa para no garantizar el libre desarrollo de la personalidad de todas las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación de ningún de tipo y bajo ninguna condición”, concluyó la senadora Angélica de la Peña Gómez.
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