- El proceso comicial no cumple con los requisitos constitucionales ni es equitativo, acusan.
- Piden al Gobierno federal impulsar una resolución en la ONU para que se declare un embargo de armas a Venezuela.
Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) pidieron que la Comisión Permanente lamente la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de convocar a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, por antidemocrática e ilegal, y demandaron que haga un exhorto al Gobierno federal, para que impulse una resolución en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante la cual se declare un embargo de armas a ese país.
En un punto de acuerdo inscrito ante esta representación, la senadora Mariana Gómez de Campo Gurza y el senador Daniel Ávila Ruiz consideraron que este proceso no cumple con los requisitos constitucionales de ese país ni asegura la participación ciudadana mediante el sufragio libre, universal y secreto, además de que esta elección no resolverá la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.
Los senadores panistas aseguraron que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no es equitativa, ya que no incluye a todas las fuerzas políticas.
“El gobierno venezolano no pretende convocar a una legítima ANC, ya que su intención es acudir al mecanismo de una ‘Constituyente Ciudadana o Comunal’, concepto que no existe en la constitución de Venezuela, para consolidar el golpe a la democracia”, aseveraron.
La convocatoria a la ANC, insistieron, es ilegal, ya que hasta el momento no se ha celebrado el referéndum consultivo, en el que el pueblo venezolano debe aprobar o rechazar dicho proceso.
No incluir a todos los sectores de la sociedad y a los demás partidos políticos en este proceso ha sido ha sido señalado por la Fiscal General de Venezuela como un retroceso en el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución, abundaron.
Una ANC “es convocada cuando se requieren hacer cambios profundos a la Carta Magna, que no podrían hacerse mediante una enmienda o reforma. Este mecanismo es utilizado para ‘refundar’ la República”, explicaron.
Asimismo, recordaron que tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de absorber las facultades de la Asamblea Nacional, el 31 de marzo pasado, los venezolanos han salido a las calles a protestar todos los días; sin embargo sus manifestaciones han sido reprimidas violentamente por la Guardia Nacional Bolivariana, lo que ha dejado un saldo de más de cien muertos y 400 presos políticos.
Lamentaron que el gobierno venezolano haya utilizado bombas de gas y perdigones para reprimir las protestas opositoras, lo que ha provocado la muerte de más de cien personas.
Gómez del Campo y Ávila Ruiz indicaron que un grupo de venezolanos ha pedido oficialmente al Consejo de Seguridad de la ONU que apruebe una resolución en el que se embarguen armas y explosivos, con el fin de que ningún país de la organización venda estos artefactos que son utilizados por el gobierno de Maduro para asesinar a su población.
“Al ser Uruguay un miembro no permanente del Consejo de Seguridad, es viable que el gobierno de México, en coordinación con la representación uruguaya, impulse dicha resolución como medida preventiva ante la violencia contra los manifestantes venezolanos”, afirmaron.
Los resolutivos propuestos en el punto de acuerdo son:
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamenta la decisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de celebrar elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que no cumple con los requisitos constitucionales establecidos, que no asegura la participación ciudadana mediante el sufragio libre, universal, directo, secreto y equitativo, que no incluye a todas las fuerzas políticas, ni resuelve la crisis económica, política, social, económica y humanitaria que atraviesa la hermana república sudamericana.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, impulse en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en coordinación con el Representante Permanente de la República Oriental del Uruguay, una resolución para evitar que continúe la venta de bombas de gas y perdigones al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela puesto que han sido utilizadas para reprimir violentamente las protestas y que han provocado la muerte a más de cien ciudadanos venezolanos.
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