Ante las omisiones y aquiescencia de las autoridades municipal de Salamanca y estatal de Guanajuato, la intervención de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes debe ser inmediata para resguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes que habitan los albergues a cargo de la asociación civil “Ciudad de los Niños Salamanca”, urgió la senadora Angélica de la Peña.
La senadora del PRD exigió investigar a los directivos de la asociación civil y al personal que labora en los albergues por las denuncias de golpes y abusos sexuales contra las personas menores de edad, “la investigación debe incluir la actuación de las autoridades municipales y estatales y determinar si ha lugar a sanciones penales por omisiones en la debida atención a las denuncias por maltratos y complicidad”, añadió.
Advirtió que las autoridades locales violentaron la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato y con ello permitieron que se repitiera el caso de “Mamá Rosa”.
“Es un sacerdote, de nombre Pedro Gutiérrez Farías, quien dirige los albergues y tiene estrecha relación con políticos y empresarios, de los cuales recibe donaciones; incluso se repite el mismo patrón de complicidad con el Registro Civil y el DIF municipal para despojar de su identidad a niñas, niños y adolescentes, y hacerles creer a sus madres y padres que han cedido la patria potestad; son indignantes las similitudes entre ambos casos”, detalló.
Medios de comunicación han constatado que la asociación civil “Ciudad de los Niños Salamanca” ha funcionado durante años careciendo de los certificados de registro y funcionamiento expedidos por el Consejo Estatal de Asistencia Social y por protección civil; del dictamen de idoneidad expedida por la Procuraduría Social; de registro en el Patrón de Organizaciones de Asistencia Social, y de la certificación de calidad de los servicios de asistencia social que ofrecen, del Sistema Nacional y para el Desarrollo Integral de la Familia.
“En el colmo del cinismo y búsqueda de impunidad, las autoridades impugnaron la resolución de la jueza Karla María Macías Lovera, del juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, la cual señala que las omisiones de las autoridades propiciaron los abusos y pide que sean reubicados los internos de dicha asociación para resguardar su integridad, así como investigar el uso de los fondos que ha recibido esta organización”, resaltó la legisladora.
Indicó que este es un llamado urgente de atención para concretar la armonización de las legislaciones locales con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en todo el país, así como para fortalecer la supervisión de su cumplimiento, pues las omisiones dan paso a la impunidad y a la violaciones de los derechos de la infancia y adolescencia, que por diversas razones no se encuentran con sus familias.
“Uno de los objetivos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión, era precisamente censar, regular y supervisar el funcionamiento de albergues para evitar abusos contra niñas, niños y adolescentes, y lamentablemente estamos observando las consecuencias de su incumplimiento”, acotó.
Finalmente, la senadora Angélica de la Peña Gómez demandó que se investiguen las seis asociaciones que encabeza el mismo sacerdote Pedro Gutiérrez en Salamanca, Moroleón, Irapuato y Morelia.
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