· Plantean reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para incluir el grado de intencionalidad, descuido o negligencia con el que se comente una violación a ley para imponer las sanciones correspondientes
La senadora Pilar Ortega Martínez presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas con el propósito de perfeccionar los criterios mediante los cuales se imponen sanciones a los servidores públicos y, de esta forma, fortalecer el combate a la corrupción.
Durante su intervención en la tribuna de la Comisión Permanente, para presentar la propuesta a nombre propio y de las senadoras Marcela Torres Peimbert y Laura Rojas Hernández, y del senador Juan Carlos Romero Hicks, Ortega Martínez explicó que esta iniciativa busca que toda sanción que se imponga debe ser proporcional, por lo que la autoridad encargada de imponer sanciones administrativas deberá tomar en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia y, con base en ello, ajustar la sanción.
Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que se planeta reformar los artículos 76, 80 y 82 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para “incluir el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta delictiva, así como el daño al interés público, como parámetros para la gradación de una pena, que respete el principio de proporcionalidad de las sanciones”.
Lo anterior, agregó, ya que no es equivalente un supuesto de violación de una ley, cometido por imprudencia, y, otro, cometido con dolo, por lo que la valoración debe tomar en cuenta estas circunstancias.
Ortega Martínez consideró que, con la reforma propuesta, se fortalecerán los procedimientos a través de los cuales se establecen responsabilidades para quienes cometen faltas administrativas.
Agregó que adecuar la terminología en dicha ley contribuirá a tener un instrumento normativo potente, con un contenido técnico adecuado que permitirá un combate eficaz a la corrupción.
Recordó que la ley tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.
Al explicar su propuesta desde tribuna de la Comisión Permanente, la legisladora por Guanajuato afirmó que dicho ordenamiento consideró de forma indistinta los términos “responsabilidad y culpabilidad” en la comisión de faltas administrativas, aunque se trata de conceptos diferentes, utilizados en ámbitos jurídicos distintos.
Expuso que existe una clara confusión que, de mantenerse, ocasionará dificultades en la aplicación de la ley por parte de la autoridad encargada de imponer las sanciones en los casos que sean sometidos a su jurisdicción.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativas para su análisis y dictamen.
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