· El Legislativo no puede ser omiso a algo que podría ser una de las mayores violaciones a derechos humanos.
Los intentos de espionaje a periodistas y activistas pueden ser una de las mayores violaciones a los derechos humanos de los últimos años con origen desde el Gobierno, afirmó el senador Zoé Robledo.
En ese sentido, el legislador del bloque PT-Morena sostuvo que es necesaria la realización de una investigación autónoma, imparcial y transparente sobre las acusaciones de espionaje desde el Gobierno federal sobre defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas.
El legislador por el estado de Chiapas señaló que este acontecimiento no puede minimizarse debido a que existe la posibilidad de que el Gobierno haya usado recursos públicos para espiar a particulares sin autorización judicial correspondiente.
“Amerita, sin duda, una investigación imparcial, autónoma, exhaustiva, sobre las causas y los responsables de estos actos que vulneran la confianza institucional”, dijo durante la presentación del informe sobre #GobiernoEspía en el Senado de la República.
Agregó que el Poder Legislativo no puede ser omiso de un caso tan grave, pues el hecho del que el Gobierno espíe a cualquier mexicano es un acto imperdonable, el cual amerita de la atención y su pronta revisión en el Senado de la República.
“El uso y los intentos de infección y a un grupo de periodistas y activistas, puede ser una de las mayores violaciones de derechos humanos que tengamos conocimiento en los últimos años potencialmente con origen desde el gobierno”, afirmó.
Zoé Robledo expuso que de acuerdo con el Informe, el espionaje a una persona tendría un costo aproximado de 77 mil dólares, multiplicado por los 12 casos contenidos daría un total de 16 millones 632 mil pesos.
“¿Cuántos son 16 millones 632 mil pesos para este Gobierno? Pues son el 90.2 por ciento del presupuesto asignado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, el 90 por ciento de su presupuesto anual; es decir, el Gobierno podría estar gastando lo mismo en espiar a los periodistas que en protegerlos”, advirtió.
Zoé Robledo invitó a los legisladores a asumir el compromiso de que esta situación no se quede en el olvido y la impunidad.
“Hacemos un pronunciamiento a que el Senado y nosotros lo hacemos desde la Comisión, no le apuesten ni al olvido, ni a la descalificación y le apostemos a una investigación independiente exhaustiva y a un proceso democrático para llevar a las últimas consecuencias”, reiteró.
En la presentación del informe estuvieron presentes Luis Fernando García, Director Ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales; Alexandra Zapata, directora de Educación e Innovación Cívica del Instituto Mexicano Para la Competitividad (IMCO); así como integrantes de organizaciones civiles y periodistas.
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