“El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dio muestras de no comprender el derecho fundamental a la libertad de expresión al amenazar con denuncias penales a diversos medios de comunicación locales, entre los que se cuentan el diario El Norte, Televisa, Televisión Azteca y Milenio”, señaló el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, al presentar un punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
“Con su errada actitud pone en riesgo a las y los periodistas, así como a los medios de comunicación ante la creciente espiral de violencia que rodea la actividad de los comunicadores a lo largo y ancho de la República Mexicana”, añadió.
En su calidad de Presidente de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, el legislador progresista pidió el cese del hostigamiento en contra del diario El Norte, los medios de comunicación Televisa, Televisión Azteca y Milenio.
El Gobernador neoleonés manifestó que giró instrucciones al Procurador de Justicia del Estado, Bernardo Jaime González Garza, para que valore la viabilidad de perseguir por la vía penal a los medios antes mencionados, ya que considera que éstos propalan mentiras respecto de su administración, debido a que dejó de gastar en publicidad oficial.
Y el mandatario llegó aún más lejos, al llamar “mentiroso” al diario El Norte, y señalar: “es tiempo ya que alguien les ponga el alto”, lo que genera condiciones de riesgo para el ejercicio de la libertad de prensa.
“En reiteradas ocasiones legisladores emanados de todas las fuerzas políticas en el Senado han sido enfáticos en defender la libertad de expresión como parte del conjunto de libertades civiles, que son el pilar para la vida democrática del país”, destacó el Senador lopezobradorista.
Por la grave situación que generaron sus declaraciones, Blásquez Salinas exhorta al Ejecutivo de la entidad neoleonesa, en el punto de acuerdo que presentó ante la Permanente, a: “honrar a la información de los habitantes de la entidad sin excluir a estos medios de la difusión de información oficial, y a no hacer uso de la publicidad gubernamental para coartar la libertad de expresión”.
Y fue enfático al señalar: “El Gobernador está obligado a promover, respetar, proteger y lo más importante, garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y debe prevenir la violación a derechos humanos e investigarlas de inmediato, en lugar de ser él mismo quien los pisotea”.
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