La coordinadora del Grupo Parlamentario el PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna insistió en la urgencia en que los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaria de Gobernación, del Centro de Investigación, de la Secretaría de la Defensa Nacional comparezcan ante la Comisión Permanente para que expliquen sobre las adquisiciones, uso, gastos y operaciones del sistema Pegasus adquirido a la empresa NSO Group.
“De no comparecer de inmediato y aclarar todas estas operaciones, tendrían que renunciar a sus cargos para permitir que ellos mismos sean investigados por una instancia independiente”, agregó.
En tribuna, la senadora perredista recordó que la publicación reciente del reportaje The New York Times sobre el uso y abuso de un sistema de espionaje destinado sólo a instancias gubernamentales para vigilar a abogados, activistas y periodistas críticos en México, “refleja un método sistemático de la actual administración federal de Enrique Peña Nieto para aplicar una política de hostigamiento e intimidación en vez de una política de protección hacia quienes se han convertido en una voz crítica del sistema”.
Padierna Luna refirió que la investigación realizada por organizaciones como Artículo 19, Red por la Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC y el Citizen Lab es muy contundente: se ha tratado de infectar las comunicaciones privadas a través de un malware dirigido contra abogados del Centro Miguel Agustín Pro, de la periodista Carmen Aristegui y su hijo, contra colaboradores de Aristegui que participaron en la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto, contra Carlos Loret de Mola, conductor de Televisa, por su investigación en el caso Tanhuato.
También se invadió la privacidad de los periodistas Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, colaboradores de la organización Mexicanos Contra la Corrupción, así como de los activistas y académicos Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano por la Competitividad quienes recibieron al menos 4 mensajes intentando infectar sus dispositivos móviles.
“Estamos ante una crisis de Estado, pues esta investigación ha colocado en jaque a las propias instituciones nacionales encargadas de la prevención y de la investigación de actos criminales, pues ha evidenciado que ante una red de espionaje de este tamaño y poder, ninguna instancia nacional es capaz de resolver o atender seriamente las denuncias presentadas por quienes han visto vulnerados sus derechos. Esperemos que esto sirva de ejemplo a aquellos que quieren discutir o aprobar una Ley de Seguridad Interior como la que hemos conocido”, afirmó.
A consideración de la coordinadora parlamentaria, la responsabilidad institucional sobre este tema no puede quedarse en meras declaraciones o boletines de prensa publicados vía Twitter por la vocería presidencial en donde señalan que: “no hay pruebas” para acusar al gobierno federal de esta utilización perversa de un sistema informático que viola todas las normas de un Estado civilizado.