Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La senadora Angélica de la Peña condenó el uso excesivo de la fuerza pública en contra de estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, localizada en el municipio de  Tiripetío, Michoacán.

 

La legisladora del PRD indicó que la portación de armas de fuego por parte de elementos policiales y antimotines es contrario a cualquier protocolo con enfoque de derechos humanos y en base a lo que señala la Constitución;  “de nueva cuenta observamos la urgencia de contar con una ley que regule el uso de la fuerza pública; igual que los Congresos locales, el Congreso de la Unión deben trabajar con urgencia y consultando a especialistas en esta materia, para que no tengamos ya resultados como lo que ha acontecido en Tiripiteo, Michoacán”, comentó.

 

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado consideró acertado que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán (CEDH) haya iniciado de oficio una queja contra la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por el uso excesivo de la fuerza pública.

 

De la Peña Gómez comentó que el inicio de una investigación transparente e imparcial es necesaria por parte del órgano interno de control, por lo que exigió que también se inicie una investigación expedita e imparcial por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán a fin de deslindar responsabilidades de tipo penal, y se explique porqué iban armados, además se informe del estado de salud de quienes sufrieron las violentas agresiones por parte de la corporación policiaca.

 

Finalmente, la senadora Angélica de la Peña llamó a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y a nivel estatal  a incluir a las escuelas normales en todo el país en las políticas de apoyo y fortalecimiento de su sistema educativo para garantizar los recursos materiales, económicos y humanos necesarios para su correcto funcionamiento: en las normales rurales están las y los estudiantes más pobres; el Estado está obligado a su atención y adelanto.  También está obligado a dirimir de manera pacífica y democrática las controversias que se suscitan en estas Normales y en otras instituciones educativas.

 

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