- Encuesta del INEGI debe servir de hoja de ruta para replantear muchas de las falacias sobre el tema de la inseguridad pública
Frente al panorama de desconfianza en las instituciones dedicadas a la procuración de justicia, vale la pena preguntarse de qué han servido las reformas legislativas en materia de seguridad y de justicia si no llegan a la población, al ciudadano común y corriente, aseveró la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna.
"Para nadie es un secreto que la desconfianza en las instituciones dedicadas a la procuración de justicia es una crisis profunda entre la población mexicana. Más preocupante resulta cuando esta desconfianza es documentada y medida como lo hizo recientemente el INEGI", agregó.
A consideración de la coordinadora parlamentaria, la percepción y los datos que arroja la encuesta del INEGI deben servir de hoja de ruta para replantear muchas de las falacias sobre el tema de la inseguridad pública. "Una de esas falacias es que la militarización de los cuerpos policiacos genera confianza entre la ciudadanía".
"La desconfianza persiste y la ineficacia de los ministerios públicos se agrava, al grado que en muchas poblaciones existe un temor mayor hacia las policías ministeriales que hacia los propios delincuentes", advirtió.
Padierna Luna señaló que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada en las 32 entidades de la República durante todo el 2016, arroja resultados estremecedores: más de 23 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de la delincuencia. Estamos hablando de quinta parte de la población nacional.
El delito más frecuente fue el “robo en el transporte público o en la calle”, pero también se registró un incremento sustancial del la extorsión, que representó el 24.2 por ciento del total e delitos ocurridos en 2015.
"La misma encuesta reflejó que sólo 7 de cada 100 delitos fueron denunciados ante el Ministerio Público correspondiente porque 'se duda de la capacidad de las instituciones para solucionarlo'. Estamos hablando de la tasa de denuncia más baja contra delitos de los países de América Latina y, por supuesto, de los países integrantes de la OCDE, al cual pertenece México", subrayó.
También, refirió la legisladora, es la tasa de incidencia delictiva más alta de la OCDE: 35,497 delitos por cada 100 mil habitantes durante 2015. Apenas en 2007 la tasa fue de 10,480 delitos por cada 100 mil habitantes. Un crecimiento de 300 por ciento en menos de una década.
"Esta tasa de incidencia delictiva debe tomar en cuenta lo que especialistas en el tema denominan la cifra negra, es decir, la cantidad de delitos que no se registran en la estadística oficial porque la víctima no denuncia, la denuncia no da lugar a la averiguación previa, o los delitos no se registran por deficiencias en el sistema estadístico gubernamental", concluyó.