Las senadoras del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, exhortaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados, garantizar recursos financieros al fideicomiso del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
A través de un Punto de Acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante un Punto de Acuerdo, ambas llamaron a la SHCP a hacer uso de los instrumentos que le confiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a efecto de hacer las adecuaciones necesarias que le permita al fideicomiso, de septiembre a diciembre del presente año, contar con recursos financieros, toda vez que el presupuesto es insuficiente.
Por lo que toca a la Cámara de Diputados, pidieron a ésta ejercer sus facultades constitucionales durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 y se pueda garantizar plenamente la operación de dicho mecanismo el año próximo.
Las senadoras perredistas señalaron que el mecanismo cuenta tan solo con 210 millones de pesos para operar lo que resta de este año, por lo que a decir del comité técnico del fideicomiso, frente a la tendencia de crecimiento de la inseguridad, sólo alcanzaría cubrir hasta septiembre próximo.
“Lo anterior significa que el mecanismo entrará en crisis y que a partir de septiembre no habrá recursos para seguir garantizando la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que se encuentran en situación de riesgo”.
Cabe destacar que de acuerdo con el informe estadístico del Mecanismo correspondiente al mes de febrero pasado, desde junio de 2012 a la fecha, 505 personas han sido beneficiadas; 176 corresponden a periodistas y 329 a defensoras y defensores de derechos humanos.
De este universo, detallaron las senadoras, algunas han sido víctimas de graves atentados contra su vida e integridad personal y que por fortuna, gracias a las medidas de protección ninguno de los atentados logró su objetivo.
Por ello, explicaron, “es importante que el Estado mexicano tome medidas para atender y resolver la fragilidad presupuestal que amenaza el funcionamiento del mecanismo y la operación de las medidas de protección.
Al mismo tiempo demandaron que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y las fiscalías de cada entidad federativa, garanticen investigaciones prontas y eficaces para que los criminales sean llevados ante la justicia.
Por lo que toca al nuevo titular de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, pidieron “revierta la nula efectividad que ha caracterizado a esta fiscalía desde su creación, y hacer del combate a la impunidad una eficaz política de Estado”.