Con el objetivo de que las aerolíneas nacionales sean seguras y presten servicios de alta calidad, equiparables con los mejores estándares internacionales, el senador Jorge Luis Lavalle Maury presentará ante el pleno de la Comisión Permanente una iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil.
En la exposición de motivos de su propuesta, Lavalle Maury, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, señala que debido al aumento de la demanda de vuelos, las quejas de los pasajeros se han incrementado respecto a los elementos que componen el servicio que prestan las aerolíneas: demoras, poca transparencia en las tarifas, cobros inesperados a los pasajeros al momento de abordar el avión, restricciones sumamente rígidas en materia de equipaje, costos en los cambios de itinerario, cancelación o transferencia de boletos y falta de información en los aeropuertos nacionales, entre otras.
En ese sentido, el senador por Campeche subraya que la reforma aprobada recientemente por el Congreso de la Unión en materia de derechos de los pasajeros contempló varias quejas y se han estipulado en la Ley de Aviación, con el fin de subsanar dichas problemáticas.
Sin embargo, gran parte de las quejas se deben a la falta de claridad que prevalece en el proceso de la compra de un boleto de avión, ya que si bien el mercado nacional ha fomentado que las aerolíneas ofrezcan más y mejores tarifas, hoy en día no son lo suficientemente claros al pasajero los beneficios y restricciones que contempla cada una de esas tarifas, agrega.
“De acuerdo a las políticas corporativas de cada aerolínea, en un mismo vuelo se ofrecen diferentes tarifas, desde la más económica -que dependiendo de cada empresa podría incluir un lugar para el pasajero que le sea asignado aleatoriamente y, en ocasiones, sin equipaje-, hasta una tarifa que contempla diversos beneficios, como la elección de asiento, posibilidad de documentar grandes cantidades de equipaje, además de políticas flexibles de modificación de destino, horario, servicios abordo de la aeronave, entre otras”, indica.
Por ello, es fundamental establecer en la ley la obligación de informar a los usuarios el funcionamiento del mercado de las tarifas aéreas y, a su vez, exigir no sólo a las aerolíneas, sino a cualquier persona física o moral que comercialice boletos de avión por cualquier medio, sea electrónico, telefónico o físico, explicar las características de la tarifa que el usuario adquirirá, advierte el legislador panista.
En cuanto al incremento en la demanda de vuelos, refirió el senador, quienes comercialicen un boleto de avión -no sólo los concesionarios o permisionarios-, deberán tener la obligación de dar la información con claridad, transparencia, exactitud, veracidad, que sea comprobable y que no genere confusión al usuario; que se especifiquen los conceptos que se incluyen en la tarifa ofrecida, considerando elementos como la asignación de asientos, condiciones de equipaje y los servicios que se ofrecen a bordo de la aeronave.
“Para atender la queja constante de los usuarios en cuanto a que al comprar un boleto redondo o con conexión y no utilizar el primer segmento del viaje se les cancelaban automáticamente los tramos subsecuentes, perdiéndose así todo el boleto, la propuesta consiste en que para garantizar el resto del viaje, el pasajero pueda informar al concesionario o permisionario hasta dos horas antes de la salida del primer tramo del vuelo, y no como se modificó recientemente, 24 horas contadas a partir de la hora programada del segmento no utilizado”, puntualizó.
Respecto a las demoras en la salida de los vuelos, se plantea que si la responsabilidad en la demora de un vuelo es compartida entre las aerolíneas y las autoridades, el esquema de compensaciones debe ser también compartido.
Se propone, añade, que cuando las causas de las demoras sean imputables a las instalaciones o servicios aeroportuarios, corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informar a los pasajeros las causas de dicha demora y las políticas de compensación señaladas en la Ley de Aviación Civil corresponderán a la misma.
“En términos de seguridad, esta propuesta plantea que cuando las causas de la demora se atribuyan, y se confirmen, a cuestiones de seguridad del vuelo o de la aeronave, las políticas de compensación no serán aplicables. Esto con el fin de no provocar ningún tipo de descuido de los operadores en razón de apresurar la salida de los vuelos”, precisa.
En cuanto a la cancelación de los boletos y el reintegro de su costo, dijo, se propone que cuando el pasajero decida no efectuar el viaje, tendrá hasta siete días antes de la fecha de salida de su vuelo para notificar a la línea aérea de la no realización del viaje y podrá solicitar el reembolso de su boleto.
En lo que respecta al equipaje, señala, es preferible no establecer las características del equipaje adicional al de mano, como uno de los derechos de los usuarios, en tanto que no todos los pasajeros requieren de dicho servicio y, en consecuencia, no tiene por qué adicionarse al costo de su boleto de transportación.
“Legislar en una materia tan relevante como la aviación civil exige sensibilidad a las demandas ciudadanas, así como la viabilidad de los negocios de la industria que genera empleos, inversiones y desarrollo económico en México”, afirma.
Actualmente, indica Lavalle Maury, las líneas aéreas nacionales emplean a más de 23 mil personas, 10 por ciento más comparado al total de 2015. Además, el total de la industria aérea nacional genera cerca de un millón de empleos, con un valor de 18.4 millones de dólares que equivale al 2 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional.