Ante las diversas denuncias de posibles actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada de los candidatos del PAN en Coahuila, Guillermo Anaya Llamas; de Morena, en el Estado de México, Delfina Gómez y del PRD en Nayarit, Antonio Echevarría García, los senadores del PRI exigieron a las autoridades correspondientes una profunda investigación de cada caso.
En el Edomex, recordaron, documentos oficiales demuestran que Delfina Gómez Álvarez utilizaba de forma indebida los recursos del municipio de Texcoco para financiar sus aspiraciones políticas y favorecer los intereses económicos de su jefe político, Higinio Martínez Miranda.
“A través del descuento ilegal del 10% del salario de los trabajadores del municipio de Texcoco, Delfina Gómez habría obtenido cerca de 36 millones de pesos, recursos que fueron entregados al Grupo Acción Política. Además, obtuvo más de 6 millones de pesos correspondientes a las pensiones alimenticias de más de cuarenta madres de familia, que fueron retenidas indebidamente a finales de 2013 y durante los siguientes dos años. De igual forma se asignó un bono de liquidación de más de 440 mil pesos”, indicaron.
Los senadores priistas agregaron que recientemente distintos medios presentaron una serie de documentos que acreditan el pago por más de 35 millones de pesos, para la contratación de distintos eventos artísticos durante las administraciones de Delfina Gómez y la de Higinio Martínez, mismos que fueron asignados sin licitación alguna.
“Tan sólo en el año 2014, durante la celebración del primer Festival Nezahualcóyotl, se erogaron 19 millones de pesos de las arcas municipales en los que contrataron diversos artistas, mientras que en la edición 2016 de dicho festival se gastaron poco más de 6 millones a pesar de contar con el mismo elenco artístico. Los principales beneficiados de estos millonarios contratos fueron el matrimonio conformado por Karen Arce Jardines e Iván Perea Alvarado, quienes presentándose como representantes artísticos, cobraron más de 7 millones de sólo cinco eventos, así como Marco Antonio Negrete Galicia, dueño de la empresa Servicios Logísticos Negrete, quien antes de conocer a Gómez no tenía antecedentes empresariales y recibió 9.5 millones de pesos por la logística de 20 eventos llevados a cabo entre 2013 y 2016”, abundaron.
Ante estos hechos, el GPPRI demandó al Congreso del Estado de México para que lleve a cabo una auditoría en relación a un presunto daño al erario público por más de 35 millones de pesos, por irregularidades en la asignación de contratos para eventos artísticos y culturales, así como una auditoría a todas las contrataciones de servicios y obras públicas durante la administración de Delfina Gómez Álvarez, como presidenta municipal de Texcoco.
En el caso de Coahuila, señalaron, el 22 de mayo del presente año, medios de comunicación difundieron la supuesta existencia de cuentas bancarias en el país y en el extranjero, a nombre de Guillermo Anaya Llamas, candidato por el Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado de Coahuila, una por un monto de 32 millones de dólares en el Banco Central de Barbados, considerado un paraíso fiscal, y dos cuentas más en Banorte que suman 211 millones de pesos.
“En su declaración, Guillermo Anaya dice tener un ingreso anual neto de 2 millones 10 mil pesos, así como dos fondos de inversión, uno en HSBC de entre 100 mil y 500 mil pesos, y otra en Vector Casa de Bolsa mayor o igual a 500 mil pesos, además de una cuenta bancaria en Bancomer mayor o igual a 500 mil pesos”.
Sin embargo, señalaron los priistas, en una de las cuentas de la institución bancaria mexicana se reportan movimientos entre el 13 de febrero y el 12 de marzo en los que se hicieron depósitos por 20 millones 914 mil 710 pesos y retiros por 13 millones 638 mil 593 pesos.
“Si se consideran los ingresos anuales reportados, incluyendo los obtenidos durante su desempeño en cargos de elección popular, como senador, diputado y alcalde de Torreón, no se explicaría la existencia de las cuentas a su nombre difundidas por los medios de comunicación citados, ya que los montos exceden su capacidad adquisitiva”, consideraron.
Por ello, demandaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República que realicen las investigaciones necesarias por el presunto enriquecimiento ilícito de Guillermo Anaya por la existencia de cuentas bancarias a su nombre en el país y en el extranjero.
También pidieron al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que indaguen el origen de financiamiento para la campaña del candidato a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas.
En Nayarit los legisladores del PRI recordaron la existencia de material audio visual, en el que se hace alusión a la posible participación de organizaciones delictivas en la campaña de la coalición “Juntos por Ti” que encabeza Antonio Echevarría García.
Por ello, conminaron a la Procuraduría General de la República, al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, averigüen los posibles vínculos que tiene el candidato con organizaciones del crimen organizado y su posible financiamiento, para contener por la gubernatura de la entidad y, en su caso, interpongan las sanciones penales que conforme a derecho procedan.