- México no se puede permitir la pérdida de recursos ante la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas, afirmó el senador panista
Los titulares de la Secretaría de Energía (Sener) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) deben comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el fin de presentar un informe pormenorizado sobre las políticas, acciones y estrategias implementadas para combatir el robo de hidrocarburos, demandó el senador Roberto Gil Zuarth.
Mediante un punto de acuerdo que presentará en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, el senador panista dijo que los titulares de ambas dependencias, Pedro Joaquín Coldwell y José Antonio González Anaya, respectivamente, deberán informar sobre las políticas, acciones y estrategias que la Sener y Pemex llevan a cabo y, sobre todo, los resultados que se han obtenido para evitar y castigar el robo de combustibles.
Gil Zuarth aseguró que México no se puede permitir una pérdida de recursos de esa magnitud, sobre todo con la situación tan vulnerable que atraviesan las finanzas públicas nacionales.
En la exposición de motivos de su propuesta, el legislador resaltó que “los mexicanos demandan acciones concretas de la autoridad ante ese fenómeno delictivo, pues no se puede exigir a los ciudadanos hacer frente a los fuertes incrementos en los precios de los combustibles”.
Agregó que tampoco se pueden mantener políticas y acciones fallidas en el combate a un delito, cuyos costos económicos y sociales son altísimos, para afrontar la grave situación económica y social que el Gobierno federal busca sanear.
Señaló que el robo de hidrocarburos en los últimos 10 años pasó de estar bajo el control de bandas criminales con operaciones locales, a convertirse en la segunda fuente de financiamiento del crimen organizado, lo que ha provocado pérdidas multimillonarias para el Estado mexicano, de acuerdo con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Recordó que, históricamente, los estados más afectados han sido Puebla, Sinaloa, Veracruz, Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco; además, se ha extendido a municipios de los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Querétaro, Michoacán y Colima.
Gil Zuarth apuntó que consumar la sustracción de hidrocarburos requiere la participación de personal con conocimientos especializados que esté capacitado en maniobras para tuberías y manejo de combustibles, lo que implica que algunos empleados de Pemex puedan estar involucrados en la ordeña ilegal.
Dijo que en la administración actual, las pérdidas por fugas y robo de hidrocarburos es de 97 mil millones de pesos; es decir, 55 por ciento superior a lo registrado en los últimos cuatro años del sexenio anterior.
Esto, abundó, implica un acumulado de “un escalofriante total” de 159 mil 957 millones de pesos, entre 2009 y 2016.
En 2013, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, dijo que el robo de combustible por la delincuencia organizada ascendió a 5 mil millones de dólares anuales, añadió Gil Zuarth.
Además, refirió, el funcionario informó en 2014 que en promedio cada dos horas se perforan ductos para extraer de manera ilegal gasolina, diésel, gas, petróleo crudo o petroquímicos.
Al día de hoy, se estima que el costo para Pemex de estas actividades ilícitas asciende a cerca de 35 mil millones de pesos al año, lo que equivaldría a alrededor del 4 por ciento del valor de la gasolina que se mueve al año en el país.
Asimismo, dijo que Pemex registró 6 mil 159 tomas clandestinas en 2016, cifra 800 por ciento superior a la registrada en 2010.
Inclusive, agregó, el año pasado se contabilizó una pérdida 24 por ciento mayor a la registrada en 2015, lo que significó pérdidas superiores a los 2 mil millones de litros anuales.
Aunado al robo de los hidrocarburos, se deben sumar los costos que implica reparar una toma, los cuales oscilan entre 120 mil y 250 mil pesos, más el tiempo que involucra su reparación, que es de aproximadamente 24 horas, indicó Gil Zuarth.
Por concepto de reparaciones, añadió, en 2014 Pemex erogó 45.3 millones de pesos en mano de obra; las composturas ascendieron a 360 millones; el pago por saneamiento de áreas afectadas por derrames fue de 230.9 millones de pesos, y la interrupción de bombeo y transporte costó mil 356 millones de pesos.
Por último, recordó que el Poder Legislativo ha fortalecido los ordenamientos jurídicos con la aprobación y publicación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, en enero de 2016, lo que constituye un instrumento fundamental para dotar a las autoridades responsables de las herramientas necesarias para hacer frente a esa gravísima situación.