Senado de la República

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El senador Mario Delgado Carrillo exhortó al Ejecutivo federal a cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso del teniente de Infantería Miguel Orlando Muñoz Guzmán desaparecido desde el 8 de mayo de 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A través de un punto de acuerdo, el legislador informó que los familiares denunciaron ante las autoridades militares y civiles la desaparición forzada de Miguel Orlando Muñoz para iniciar las investigaciones.

Igualmente presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado de Distrito correspondiente y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); sin embargo todos estos recursos, además de las investigaciones abiertas, han resultado inútiles para conocer el paradero de Miguel Orlando y los responsables de su desaparición.

“No se han realizado investigaciones serias encaminadas a establecer su paradero y sancionar a los responsables de su desaparición. Existen varias irregularidades en el caso, tales como la falsificación -por parte de sus superiores- de la firma de Orlando Muñoz en un documento utilizado para demostrar su presunto interés en desertar, así como la pérdida de su portafolio personal”, comentó Delgado Carrillo.

Ante la ausencia de respuestas por parte de las autoridades mexicanas, agregó el senador,  la familia recurrió a la CIDH, quien emitió el informe No. 2/06, en el que declaró la responsabilidad del Estado mexicano de violar el derecho a las garantías judiciales (artículo 8) y el derecho a la protección judicial (artículo 25).

Mario Delgado apuntó que la CIDH recomendó al Estado mexicano investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria mexicana para determinar el paradero de Miguel Orlando Muñoz Guzmán; y sancionar a todos los responsables si se trató de una desaparición forzada.

Además, el Estado debe reparar adecuadamente a los familiares de Miguel Orlando Muñoz Guzmán por las violaciones de derechos humanos establecidas en el presente informe.

“A pesar de las recomendaciones emitidas por el organismo internacional, hasta la fecha no se ha cumplido con ellas ni en materia de investigación, localización ni justicia para el teniente Muñoz por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de la Zona Norte del estado de Chihuahua así como de la PGR”, advirtió.

En ese sentido, reiteró que Estado mexicano estaba obligado no sólo a cumplir con las recomendaciones emitidas por la CIDH, sino también a restablecer y reparar los derechos señalados como violados al teniente Muñoz Guzmán y su familia.