La senadora Angélica de la Peña consideró que la pretensión de aprobar en un período extraordinario la llamada Ley de Seguridad Interior es un error que tendría consecuencias extremadamente graves, pues profundizaría la violencia e incrementaría las violaciones a los derechos humanos.
Indicó que las Comisiones del Congreso de la Unión tienen materia para elaborar dictámenes con legislación que verdaderamente ayudaría a enfrentar a la delincuencia desde la perspectiva constitucional de seguridad pública y humana, “está el mando mixto, la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional, la Ley General de Seguridad Pública, además de las esenciales designaciones del Fiscal Anticorrupción y el Fiscal General de la República”, añadió.
En la Cámara de Diputados hay asuntos pendientes que también deben incluirse en un período extraordinario como la Ley contra la desaparición forzada, la legislación para sancionar la violencia política contra las mujeres y la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional.
Apuntó que el triángulo rojo de Puebla enarbola la ineficiencia, omisión e incluso complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno y de PEMEX, que a lo largo de diez años permitió que el robo de combustibles se conviertiera en una fuente de ingresos segura para la delincuencia organizada, “suponer que la solución es enviar a efectivos militares, helicópteros y artillería, es no aceptar que acciones de este tipo simplemente postergan la toma de decisiones que solucionen la problemática desde sus causas”, explicó la senadora del PRD.
De la Peña Gómez celebró que el actual presidente de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera Espinosa, haya reconocido que los gobiernos estatales son responsables de desatender la formación de policías profesionales y suficientes, incluidas las municipales, lo que ha obligado al envío de militares a las calles para resguardar la seguridad pública.
Coincidió también con el planteamiento de Mancera Espinosa de que el retiro de los militares hacia sus cuarteles no puede ser de manera inmediata, sino gradual y planificada, “las fuerzas armadas requieren un regreso decoroso a sus cuarteles, y el mejor reconocimiento que podemos hacer a su entrega y dedicación es constituir policías capaces no sólo de contener a las delincuencias sino que las enfrenten hasta erradicarlas”, agregó.
Dijo que el gobierno que surja de la contienda electoral de 2018 debe respoder a la exigencia de justicia, seguridad, paz y tranquilidad de las y los mexicanos, por lo que estará obligado a cumplir con dos condiciones indispensables: el irrestricto respeto a los derechos humanos y el diseño de una nueva estrategia de seguridad pública, basada en la dignificación de las policías con mando civil y el regreso de las Fuerzas Armadas a sus tareas reconocidas constitucionalmente.
“Por ello, desde el Senado habremos de iniciar en próximos días la discusión formal del diseño de un plan para el retiro ordenado y paulatino de las fuerzas armadas hacia sus cuarteles y del proyecto nacional de seguridad pública”, concluyó la senadora Angélica de la Peña Gómez.
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