En relación al video dado a conocer por el Diario Cambio de Puebla donde presuntamente elementos militares ejecutan a una persona en la comunidad de Palmarito, Puebla, la senadora Angélica de la Peña señaló que si se comprubea que se trató de una ejecución extrajudicial, el ejército deberá enfrentar una nueva acusación por una violación grave a los derechos humanos.
Indicó que es urgente que la Secretaría de la Defensa Nacional manifieste una postura ante el contenido del mencionado video y que la Procuraduría General de la República inicie una investigación de manera inmediata sobre este caso y las denuncias por la desaparición de personas luego del operativo.
Dijo que luego de los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y presuntos “huachicoleros”, que registró diez muertes, y el anuncio de que se utilizarían helicópteros y artillería en los operativos contra el robo de combustible, “ya existía preocupación por el uso de la fuerza pública de manera excesiva y ahora este video pareciera que nos da la razón”, añadió.
El pasado 5 de mayo la senadora de la Peña Gómez exigió que las acciones en contra de los llamados “huachicoleros” fueran coordinadas entre las autoridades del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, privilegiando siempre el trabajo de inteligencia debe ubicar no sólo los puntos de extracción sino también los de venta, los sistemas de lavado de dinero y la red de corrupción que ha llegado a empleados de PEMEX y autoridades diversas.
“El estado de Puebla nuevamente muestra los resultados de la falta de una ley que regule el uso de la fuerza pública y de la equivocada estrategia de asignar militares a tareas de seguridad pública; no podemos olvidar el caso del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo ni el caso Tlatlaya”, argumentó la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
La senadora del PRD recordó que en múltiples ocasiones ha señalado que para cumplir las exigencias de las y los mexicanos en materia de seguridad pública, el Congreso debe legislar la Ley de Seguridad Pública, el Mando Mixto y la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional.
“Lamentablemente no habido la voluntad de todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión para resolver de fondo la terrible crisis de inseguridad, delincuencia organizada y carencia de policías; hasta ahora se han empeñado en legalizar la intervención de las fuerzas armadas en seguridad pública, en el lugar y por el tiempo que determine el gobierno federal unilateralmente”, añadió.
“Todos los grupos parlamentarios debemos priorizar el interés superior de la Nación asumiendo nuestra responsabilidad y establecer un plan nacional para el retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y la reconstrucción de las policías en los tres niveles de gobierno en un plazo de 6 años, sin prorróga, con la asignación de los recursos necesarios y auditoría a los mismos; hablamos de la viabilidad de México como un estado de derechos, y no podemos darle la espalda echándole la bolita a la siguiente legislatura”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.