- La senadora Andrea García presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud para promover la farmacovigilancia en nuestro país, con el fin de brindar mayor certeza y seguridad a los pacientes en la aplicación de tratamientos.
La propuesta de la legisladora por Tamaulipas busca que en los establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado del sistema nacional de salud, exista un Comité de Farmacovigilancia, encargado de informar a la Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) acerca de las reacciones adversas por el uso de medicamentos y otros insumos para la salud, particularmente aquellos que son prescritos a través de programas de sustitución o equivalencia terapéutica.
Aseguró que lograr el acceso y el uso adecuado de medicamentos en México es prioritario para mejorar la calidad de la atención y la salud de la población.
Apuntó que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe Resultados de la Alianza Mundial para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, destacó la existencia de grandes desigualdades en cuanto a la disponibilidad de medicamentos, tanto en el sector público como privado, así como amplias variaciones en los precios, que los hacen inasequibles.
De acuerdo con la OMS, agregó, aproximadamente un tercio de la población mundial no tiene acceso a los medicamentos necesarios y se considera que 50 por ciento de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden de manera inadecuada.
“Si bien en muchos países se aplican políticas que promueven el acceso a los medicamentos, por ejemplo, la sustitución de genéricos, se requieren esfuerzos adicionales de alcance nacional e internacional para mejorar la disponibilidad y acceso a los fármacos”, consideró.
García García mencionó que los medicamentos genéricos tienen gran demanda debido a su bajo costo, pero su seguridad y eficacia son similares a los de patente sólo cuando cumplen con las pruebas de intercambiabilidad.
“Sin embargo, es conocido que los excipientes no son los mismos, lo cual puede poner en riesgo la salud de los pacientes, en términos de seguridad y eficacia a mediano y largo plazos; siempre debe privar el beneficio de la salud sobre el ahorro económico”, señaló.
Apuntó que si en México se busca la sustitución de medicamentos por otros que no son genéricos, es imperante la implementación de programas de farmacovigilancia para identificar y valorar los efectos del uso de medicamentos en la población.
Remarcó que actualmente la Cofepris desempeña un excelente papel en la vigilancia de los procedimientos de los medicamentos.
Sin embargo, advirtió, no está vigilando la sustitución de éstos en las instituciones públicas de salud, por lo que no se conocen los parámetros, indicadores de resultados, estudios, formas de evaluación y criterios utilizados para lograr que los programas de sustitución sean exitosos y sin consecuencias en la salud de los pacientes.
“Buscamos proteger el derecho del usuario de elegir o no, mediante información clara, oportuna y veraz, sobre los efectos en los que puede desencadenar una sustitución terapéutica y la oportunidad del usuario de elegir el tratamiento que más le haya funcionado, sin que se le niegue, aduciendo que ya no se adquieren dichos medicamentos”, concluyó.
La propuesta de la senadora de Acción Nacional, que plantea para reformar los artículos 51 bis 1 y 51 bis 2, y adicionar la fracción III al artículo 41 bis, todos de la Ley General de Salud, se turnó a las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación.