Ciudad de México.- A través de Punto de Acuerdo, el Senador Armando Ríos Piter pide que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), finquen responsabilidades a funcionarios públicos y personas morales que a través de despachos contables, que incurran en actos de corrupción en la administración de recursos públicos. Lo anterior con respecto a las declaraciones emitidas por el Gobernador del Estado de Morelos, Graco Ramírez, presidente de la CONAGO.
En las consideraciones, el legislador independiente señala que el pasado 21 de abril, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Graco Ramírez, advirtió sobre la existencia de despachos contables que ofrecen instrumentos financieros de “eficiencia fiscal”, como una forma de obtener ganancias a través del desvío de recursos, tal como ocurrió en los casos de desvió de recursos públicos por lo que son investigados los exgobernadores Javier Duarte y Tomás Yarrington.
En el Punto de Acuerdo que pide que el Senado de la República realice un exhorto a la PGR y a la ASF para que intervengan en la materia, se expone que la Ley General de Contabilidad especifica que todos los programas que se alimentan de los Ramos 23, 33 y las transferencias etiquetadas, deberán utilizar una cuenta bancaria individualizada. Y es justo en esta parte donde los despachos contables ofrecen a los gobernadores sus servicios, mediante la creación de una cuenta concentradora que permite reunir el dinero proveniente del presupuesto federal para manejarlo y distribuirlo desde ésta cuenta única, a cambio de un porcentaje para funcionarios y gobiernos por medio de las SOFOLES (Sociedad Financiera de Objeto Limitado).
Cabe destacar que en diversos estudios e investigaciones, como el realizado por México Evalúa, se observan que los Ramos 23 y 33 son justamente ramos en los que la ejecución del presupuesto presenta diversas deficiencias; el Ramo 33 correspondiente a Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, y el Ramo 23 destinado a Provisiones Salariales y Económicas, han sido los han registrado una mayor cantidad de observaciones provenientes de la ASF.
También, la normatividad que regula el manejo y funcionamiento de estos ramos se considera limitada, incompleta y no actualizada, por lo que las adecuaciones son determinadas a criterio de la SHCP, que no siempre son los más eficientes.
Por otra parte, la ASF denunció que todos los gobiernos estatales están incurriendo en una práctica denominada “simulación de reintegros” sumando 221 mil 182 millones 500 mil pesos hasta el año pasado; esta simulación consiste tomar el dinero de una partida a otra, pero al ser detectado por la ASF el gobierno estatal lo repone, y lo vuelve a retirar después.
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