· La violencia política de género daña severamente a la democracia, expresó la senadora del PRD
Con el fin de erradicar la violencia de género en el ámbito político, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros presentó una iniciativa para adicionar un inciso d) al tercer párrafo de la fracción sexta del artículo 41 de la Constitución Política.
Al argumentar su propuesta, la legisladora por el estado de Tlaxcala señaló que la violencia política ejercida sobre las mujeres es una desafortunada realidad existente en la actualidad, la cual atenta contra los derechos humanos de las mujeres.
En ese sentido, la propuesta de la senadora plantea que cuando la autoridad acredite violencia política por razones de género en contra alguno de los candidatos, ésta será motivo para anular la elección.
Lorena Cuéllar resaltó que los alcances de este tipo de violencia de género son amplios y afectan tanto a las ciudadanas en calidad de candidatas como al electorado en general porque se atenta contra la equidad en una contienda electoral.
“Las múltiples expresiones de violencia contra las mujeres han restringido sus derechos para poder ocupar cargos de toma de decisiones y poder político, ya que de manera sistemática las mujeres nos enfrentamos a situaciones tales como el acoso político y la violencia de género, situaciones que llegan a ser obstáculos para su designación y participación en cargos de representación popular o de liderazgo”, indicó.
La senadora del Grupo Parlamentario del PRD puntualizó que la pobreza y los elevados niveles de desigualdad son elementos estructurales que agudizan los efectos de violencia, particularmente en las zonas rurales y zonas indígenas.
“Tenemos muestra de la magnitud del problema que ya tenemos en nuestro país en materia de violencia política de género y que ya está dañando severamente a nuestra democracia. No podemos seguir esperando una conducta pasiva de nuestras instituciones, es necesario plasmarlo en nuestra Constitución para garantizar el ejercicio de nuestros derechos”, dijo.
Cuéllar Cisneros expresó que las reformas que se han dado en los últimos años han contribuido sustancialmente al reconocimiento y ejercicio de derechos político-electorales de mujeres; sin embargo, la violencia política es un problema estructural que es reflejo de la discriminación y los estereotipos.
“Nuestro país ha trabajado a nivel legislativo e institucional para adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas, en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, para la Igualdad de Género, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y posterior dictamen.
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