Senado de la República

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  • 30 por ciento de las dependencias de gobierno maneja discrecionalmente entrega de recursos a las OSC

Con la finalidad de garantizar transparencia en el otorgamiento de recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil (OSC), la senadora panista Marcela Torres Peimbert presentó una iniciativa que plantea reformar la Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De acuerdo con la iniciativa, la reforma plantea cuatro objetivos estratégicos: favorecer la transparencia de los recursos públicos, fortalecer a la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Comité Técnico de la misma, dotar de facultades para realizar acciones de fomento a todas las dependencias y establecer la obligación de los funcionarios públicos para que garanticen el ejercicio de los derechos de las OSC.

La iniciativa, impulsada de manera plural entre OSC y legisladores del PAN, PRD, PRI e independientes, busca que se transparente cómo los órganos de gobierno deciden las políticas públicas de impulso al fomento para estas organizaciones de la sociedad, destacó Torres Peimbert.

La legisladora por Querétaro aseguró que es necesario que las organizaciones de la sociedad civil tengan certeza, claridad y conocimiento de los criterios a través de los cuales se les dan recursos federales.

Por ejemplo, agregó, el 70 por ciento de las secretarías federales tienen reglas de operación en relación a cómo y cuántos recursos otorgan, pero el 30 por ciento es totalmente discrecional y opaco.

Lo anterior, dijo, fomenta que el gobierno se auto otorgue dinero, que oficialmente es para las organizaciones de la sociedad civil, pero no informa con claridad cuáles son autónomas o ciudadanas y cuáles son organizaciones paragubernamentales.

“Como el caso del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, por ejemplo, a la que se le otorgan recursos públicos, que deberían de ser de fomento a las actividades de las OSC”, afirmó.

Además, dijo, el 70 por ciento de las secretarías de gobierno federal tienen reglas de operación claras sobre los apoyos económicos que otorgan a este tipo de organismos, mientras que el otro 30 por ciento de las dependencias federales maneja el dinero discrecionalmente.

“El presupuesto que se maneja por parte del gobierno federal para apoyo a las OSC es de alrededor de 7 mil millones de pesos”, detalló Torres Peimbert.

La propuesta también pretende que en la Ley de Fomento se incluya el concepto de autonomía en los criterios para otorgar apoyos y estímulos a las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Esto, explicó, tiene como objetivo revertir la inequidad en el acceso a subsidio ya que, de acuerdo con estudios hechos entre 2012 y 2014, se demostró que la mayoría de los subsidios reportados como entregados a OSC en el anexo correspondiente de la cuenta pública, fueron entregados a entidades que formaban parte de la Administración Pública Federal.

Por otra parte, agregó, se pretende incluir en la Ley de Presupuesto criterios que sujeten a todos los programas a reglas de operación, con el objetivo de brindar certeza jurídica el uso del gasto de recursos públicos asignados.

Asimismo, para fortalecer a la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se pretende que la Secretaría de Economía fortalezca a las organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo a sus facultades, tomando en cuenta su potencial para el impulso de alternativas de auto sustentabilidad a las OSC y el desarrollo de empresas sociales.

Además, se plantea dotar de facultades a todos los organismos que forman parte de la Administración Pública Federal, para introducir la obligación de que todas las dependencias hagan acciones de fomento a las OSC.

Se propone también establecer la obligación de los funcionarios públicos para que garanticen el ejercicio de los derechos de las OSC.

La iniciativa también fue suscrita por los senadores Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Daniel Ávila Ruiz, Sonia Mendoza Díaz y Silvia Garza Galván, del PAN; Lucero Saldaña Pérez, Diva Gastélum Bajo y Francisco Yunes Zorrilla, del PRI; Armando Ríos Piter, Miguel Barbosa Huerta y Zoé Robledo Aburto del PRD; María Elena Barrera Tapia, del PVEM; y la senadora independiente, Martha Tagle Martínez.