Senadores del PRI impulsan fortalecer el marco jurídico de la política social, con el fin de que los programas y los recursos destinados al bienestar de los grupos más vulnerables se apliquen de manera correcta y transparente, y se eviten las irregularidades de los servidores públicos.
Lamentablemente a lo largo de la historia del país, se han presentado situaciones desafortunadas en las que los beneficiarios de los programas sociales relacionados con salud, educación, alimentación, trabajo y vivienda, han denunciado conductas indebidas por parte de los servidores públicos, señalaron.
Al presentar, en nombre de un grupo de senadores priistas, la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Desarrollo Social, Héctor Yunes Landa mencionó que el 46.2% de la población vive en alguna situación de precariedad, ya sea pobreza extrema, alimentaria o patrimonial.
Dijo que actualmente, la política pública de desarrollo social del Gobierno federal contempla ocho programas centrales de combate a la pobreza, a los que destinó este año un presupuesto de 135 mil 428 millones de pesos. Aunado a estos esfuerzos, diversas dependencias federales y gobiernos estatales y municipales desarrollan otras estrategias y programas de atención social.
De lo anterior, agregó, resulta indispensable defender la política de desarrollo social que se concibe a partir del esfuerzo realizado por los mexicanos, con la construcción de un marco legal sólido, que resguarde las políticas sociales implementados para su bienestar y el progreso de México.
De ahí es que surge la necesidad de revisar la legislación actual, en materia de desarrollo social, de tal manera que se renueven los instrumentos para la conjugación de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, estableció el legislador por el estado de Veracruz.
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