Senadores del PRI impulsan fortalecer el marco jurídico de la política social, con el fin de que los programas y los recursos destinados al bienestar de los grupos más vulnerables se apliquen de manera correcta y transparente, y se eviten las irregularidades de los servidores públicos.

Lamentablemente  a  lo  largo  de  la  historia  del  país,  se  han  presentado  situaciones desafortunadas en las que los beneficiarios de los programas sociales relacionados con salud, educación, alimentación, trabajo y vivienda, han denunciado conductas indebidas por parte de los servidores públicos, señalaron.

Al presentar, en nombre de un grupo de senadores priistas, la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Desarrollo Social, Héctor Yunes Landa mencionó que el 46.2% de la población vive en alguna situación de precariedad, ya sea pobreza extrema, alimentaria o patrimonial.

Dijo que  actualmente, la política pública de desarrollo social del Gobierno federal contempla ocho programas centrales de combate a la pobreza, a los que destinó este año un presupuesto de 135 mil 428 millones de pesos. Aunado a estos esfuerzos, diversas dependencias federales y gobiernos estatales y municipales desarrollan otras estrategias y programas de atención social.

De  lo  anterior,  agregó, resulta  indispensable  defender  la  política  de  desarrollo  social  que  se concibe  a  partir  del  esfuerzo  realizado  por  los  mexicanos,  con  la  construcción  de  un marco legal sólido, que resguarde las políticas sociales implementados para su bienestar y el progreso de México.

De ahí es que surge la necesidad de revisar la legislación actual, en materia de desarrollo social, de tal manera que se renueven los instrumentos para la conjugación de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, estableció el legislador por el estado de Veracruz.

 

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