La senadora panista Pilar Ortega Martínez aseguró que el diseño integral de la reforma anticorrupción plantea un sistema que combate la impunidad, para que no haya faltas de los servidores o de los particulares que queden sin sanción.
Al presentar, a nombre de la Comisión de Justicia, el dictamen sobre las observaciones parciales a la Ley General que remitió el Ejecutivo federal, reconoció la necesidad de hacer las adecuaciones.
Señaló que la redacción del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los términos en que fue aprobado por el Congreso hace unas semanas, tiene “aspectos riesgosos en materia de legalidad de la reforma nacional anticorrupción”.
En conjunto, agregó, el Código Penal y las observaciones planteadas por el Presidente Peña Nieto generará un marco jurídico robusto que establece sanciones, tanto a servidores públicos como a particulares que contraten con el Gobierno.
Con estas disposiciones se establece claramente una política de prevención, pero también de combate frontal a la corrupción, en el ámbito público y en el privado.