El Grupo Parlamentario del PRI afirmó que la aprobación de la llamada miscelánea penal, que reforma 10 ordenamientos esenciales, contribuye al fortalecimiento e implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorioy garantiza el derecho al debido proceso.
Además, se armonizan términos y se precisan facultades de las partes que intervienen en el nuevo sistema, a fin de evitar resquicios que dificulten su aplicación, señaló el senador Miguel Romo, quien dijo que también se hicieron ajustes al Código Nacional de Procedimientos Penales para garantizar los derechos del imputado.
Al exponer el posicionamiento del GPPRI ante el Pleno del Senado, destacó que esta reforma va encaminada al fortalecimiento de las bases de los derechos humanos, como el acceso a la justicia, la presunción de inocencia, la igualdad en el procedimiento, entre otros.
Resaltó que un aspecto importante es que se garantiza el interés superior de la niñez, al establecer mecanismos necesarios para agilizar y dar celeridad a los procedimientos, donde los menores se encuentren involucrados como víctimas.
Romo Medina manifestó que el Estado mexicano ha hecho esfuerzos importantes para la instrumentación del Nuevo Sistema. No obstante, agregó, aún tenemos retos formidables, entre ellos la armonización de algunos términos y procedimientos para mejorar su operación y funcionamiento.
Por su parte, el senador Miguel Ángel Chico Herrera puntualizó que esta reforma constituye un verdadero parteaguas en la procuración e impartición de justicia en nuestro país, al pasar de un sistema semi-inquisitivo, a uno acusatorio y adversarial.
Agregó que con el propósito de combatir e inhibir la impunidad en la comisión de conductas, en la Ley Federal para Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, se establece la figura de testigo colaborador.
A fin de acceder a escenarios de justicia pronta, expedita y eficiente, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se asienta que, entre otras cuestiones, los jueces federales conocerán de las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada, así como para la localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados, abundó.
Por otro lado, continuó el senador por el estado de Guanajuato, el Código Fiscal de la Federación incluye la figura de la asesoría jurídica y la víctima u ofendido, para establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el garante del sistema tributario en los procesos penales derivados de delitos fiscales.
En su intervención, la senadora Graciela Ortiz González hizo notar que otras disposiciones importantes es el uso de medios electrónicos durante el proceso penal; la duración de la medida cautelar de prisión preventiva, que se armoniza con los términos establecidos por la Constitución, en su artículo 20, apartado B, fracción IX.
Además, se modifican las reglas para la operación de los criterios de oportunidad, a fin de que se genere mayor eficacia en la persecución de delitos graves; se precisa que únicamente las partes podrán tener acceso a los registros de la investigación.
Explicó que en el caso de las intervenciones de comunicaciones privadas se precisa que esta clase de intervención abarca todo sistema de comunicación o programa, producto de la evolución tecnológica, así como por regla general deberá tenerse autorización judicial.