- El delito crece, por lo que pidió que la iniciativa para sancionarlo sea dictaminada a la brevedad
- Estos ilícitos tienen un gran impacto en la economía de las familias
Mientras el delito de usurpación y robo de identidad crece a pasos agigantados, en el Senado de la República espera para ser dictaminada, desde hace 2 años y 8 meses, una iniciativa para sancionar a las personas que por cualquier medio se apoderen, usen o aprovechen de los datos personales, información o documentos de personas físicas para hacerse pasar por ellas, afirmó el senador Mario Delgado Carrillo.
El legislador explicó que la iniciativa presentada en octubre de 2013 y sobre la cual en marzo pasado se hizo un exhorto para dictaminarla, busca tipificar a nivel nacional la figura de robo de identidad.
“Lo que queremos con esta iniciativa es que el país cuente con una legislación que castigue esta conducta pues vemos que en los últimos años en el plano nacional e internacional se han multiplicado los sucesos en los que, especialmente por medios electrónicos, se obtienen datos personales para luego llevar a cabo hechos ilícitos, fundamentalmente en el ámbito económico que tienen un impacto en las finanzas personales al grado de dejar en estado de indefensión e insolvencia a las víctimas”, señaló Delgado Carrillo.
Explicó que el delito se da a través de un correo electrónico que al momento de abrirlo instala un código en el equipo personal, modificando determinados archivos, para que la siguiente vez que se ingrese al portal de una institución bancaria se desvíen a sitios web falsos, aunque también se obtiene información de datos personales a partir de la búsqueda en cestos de basura de restos de estados de cuenta bancarios, recibos o vouchers de tarjetas de crédito, talones de cheques, propagandas y promociones ligadas a tarjetas bancarias.
El legislador, integrante de la Comisión de Hacienda del Senado de la República dijo que de acuerdo con investigaciones internacionales realizadas por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este es el delito de más rápido crecimiento en el mundo, sin que existan acciones legislativas concretas y políticas públicas acertadas para sancionar esta conducta atípica en el plano penal, por lo que es urgente legislar al respecto.
Consideró necesario que el país cuente con una legislación que tipifique la conducta a nivel federal, en el ámbito crediticio donde más impactos causa, con el fin de proteger a los ciudadanos, con independencia de los tratamientos actuales penales del fuero federal o del fuero común.
Explicó que la iniciativa presentada propone adicionar un párrafo al artículo 112, fracción I del Capítulo IV “De los Delitos” de la Ley de Instituciones de Crédito.
Ante ello, Delgado Carrillo hizo un llamado para que esta iniciativa sea dictaminada a la brevedad y pueda ser llevada al pleno para su discusión e inminente aprobación, pues la gravedad del caso lo amerita.