El gobierno mexicano debe actuar de manera inmediata para detener la ola de violencia e impunidad en el país y no desgastarse inútilmente rechazando los informes que sobre la situación de los derechos humanos han elaborado organismos internacionales, el más reciente presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó la senadora Angélica de la Peña en conferencia de prensa.
Dijo que los argumentos esgrimidos por el gobierno federal para rechazar el informe de la CIDH son pueriles y no reconocen la gravedad de la situación; hay mayor esmero en demostrar que las desapariciones forzadas y las cometidas por particulares no ocurren en cada palmo del territorio nacional, que en resolver casos como el de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero; los cinco jóvenes de Tierra Blanca, Veracruz; los cientos de jovencitas, niñas y niños, que han desparecidos diversas entidades; los 72 migrantes desaparecidos y asesinados en San Fernando, Tamaulipas.
La senadora del PRD explicó que el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que beneficia a familias de migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, es un claro ejemplo de que las autoridades, al rehuir a su responsabilidad, desconocen a las víctimas y a sus familias, revictimizándolas al negarles su derecho de acceso a la justicia, a la verdad, a la repación integral del daño y a la sanción de los responsables.
Sin duda, continuó, que solucionar la crisis de derechos humanos en México exige, antes que nada, el reconocimiento de su existencia y su agravamiento a partir del comienzo de la guerra contra el narcotráfico iniciada en el sexenio de Felipe Calderón y continuada por el actual gobierno de Enrqiue Peña Nieto y que ha recurrido al Ejército y a la Marina Armada de México para que enfrente a la delincuencia organizada con las consecuencias que todos conocemos.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado apuntó que cada una de las instituciones que conforman al Estado mexicano deben asumir su responsabilidad y actuar valorando las recomendaciones de la CIDH.
Agregó que “quienes formamos parte del Congreso de la Unión debemos concluir el proceso legislativo de leyes generales, nacionales y federales en materia de ejecución penal, justicia para adolescentes, tortura, desaparición de personas, incluyendo desaparición forzada; pero además atender las ejecuciones extrajudiciales y el tema de desplazados. Es muy importante tomarlo en consideración como los pendientes”.
Apuntó que debe avanzarse decididamente en el combate a la impunidad y la corrupción, con la implementación total del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y con la constitución de cuerpos policiacos profesionales y confiables, a fin de que las investigaciones sean transparentes y eficientes,que conduzcan a la detención y sanción de los responsables de cada uno de los delitos que se cometencotidinamente.
“Negar los problemas estructurales de seguridad pública, violencia, corrupción, impunidad y constantes violaciones de los derechos humanos, no los desaparecen, los agravan; el Estado mexicano debe considerar informes y recomendaciones de la CIDH y otros organismos internacionales como elementos coadyuvantes para solucionar una crisis que ha arrebatado el goce pleno de sus derechos a todas y todos los mexicanos”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
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