- Una jornada mayor afecta la salud física y mental, así como la vida familiar de los trabajadores, afirma.
La senadora panista Silvia Guadalupe Garza Galván solicitó al titular Ejecutivo federal tome las medidas pertinentes para que los servidores públicos que laboran en la administración pública no excedan la jornada laboral recomendada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De acuerdo con la OIT, refirió la legisladora por Coahuila, se recomienda que la jornada laboral no exceda de ocho horas al día ni de 48 por semana.
Expuso que países europeos con jornadas laborales más cortas, como Holanda, Alemania y Bélgica, presentaron mayor productividad por hora trabajada que el resto.
Incluso – agregó-- en el estudio del Euroíndice IESE-ADECCO se señala que existe una relación negativa entre una jornada laboral extensa y la productividad.
“El factor económico y las necesidades del ser humano son las que promueven el uso de las jornadas laborales extensas, sin darse cuenta que una jornada de más de ocho horas restringe el tiempo que se puede dedicar a actividades necesarias para la salud física, mental y emocional, pudiendo causar diferentes padecimientos que afectan la calidad del trabajo”, señaló.
De acuerdo con el Inegi, en la administración pública federal trabajan 4 millones 188 mil 784 servidores públicos, y un elevado número de ellos desempeñan sus funciones por más de ocho horas diarias, lo que afecta su vida personal, familiar, social y laboral, indicó.
En este sentido, recordó que la Constitución señala en su artículo 123 que “entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores la jornada diaria máxima de trabajo diurno y nocturno será de ocho y siete horas, respectivamente.”
No obstante, existen dependencias y entidades de la administración pública en las que los trabajadores cubren jornadas de más de 12 horas diarias.
“Lo anterior, causa una ausencia de convivio con la familia y amigos, crea afectaciones graves en la salud y divisiones dentro del círculo familiar”, aseveró.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y dictamen correspondiente.
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