La Ley de Transición Energética aprobada por el Pleno del Senado de la República, vela por el interés público al incentivar el uso de energías renovables, sobre combustibles fósiles contaminantes como el combustóleo.
Con esta legislación, el Estado mexicano asume la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, sin mermar la inversión, la generación de empleos y el crecimiento económico.
Como cámara revisora, el Senado de la República privilegió en todo momento el interés nacional, por encima de visiones particulares y de grupo. La Ley de Transición Energética aprobada por mayoría, y por el consenso entre legisladores de distintos grupos parlamentarios, es el reflejo normativo de lo que en nombre del Estado expuso el Presidente Enrique Peña Nieto en la COP21: México ha demostrado ser vanguardia en la lucha contra el cambio climático y en la construcción de una economía en la que el bienestar no rivalice con el cuidado del entorno.
“La premisa básica de la Ley de Transición Energética es el equilibrio entre la imperiosa necesidad de frenar la degradación del medio ambiente, con la innegable responsabilidad de cuidar fuentes de empleo, inversiones y competitividad de la industria. Ese equilibrio es deseable, y la Ley de Transición Energética lo hace posible”, aseveró el presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchyna Grub.
La Ley de Transición Energética es una plataforma para construir una economía con menores emisiones de gases de efecto invernadero. La diversidad de opiniones alrededor de la Ley de Transición Energética, y la legítima expresión de visiones distintas, e incluso contrapuestas, por parte de grupos empresariales y políticos, confirma ante la ciudadanía que el Senado tuvo como única guía en el análisis y aprobación de la LTE, el interés superior de la nación.
Con ese espíritu se escuchó a todos los sujetos obligados por la Ley, como corresponde a una cámara plural, democrática y representativa. La constancia de ello se detalla en el documento anexo a este comunicado, entregado a la Mesa Directiva del Senado de la República.
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