Los integrantes de la Comisión de Justicia deben comprometerse públicamente a impulsar reformas constitucionales que instauren un nuevo procedimiento de elección de Ministros o Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues el método vigente es obsoleto e inhibe la transparencia y el equilibrio entre los Poderes de la Unión, propuso la senadora Angélica de la Peña.
Recordó que presentó una iniciativa de reforma constitucional para que el presidente de la República ya no tenga la facultad de proponer a los candidatos a ministros, sino que el Senado convoque a tribunales de justicia, colegios de abogados debidamente certificados y facultades de derecho a que presenten a sus candidatos.
Durante la reunión de la Comisión de Justicia en la que se dictaminó la elegibilidad de la dos ternas con candidatas y candidatos a ocupar una de los dos vacantes de Ministros de la SCJN, señaló que si bien coincide en las críticas que la sociedad civil organizada y académicos han realizado al sistema de elección, las y los legisladores están obligados a respetar lo que establece la Constitución en sus artículos 95 y 96.
La legisladora del PRD apuntó que las facultades de la Comisión de Justicia son claras y no sería coherente realizar una interpretación de la Constitución al respecto, “hoy frente a las dos vacantes en la SCJN debemos aplicar los preceptos legales vigentes, no lo que creamos que deba hacerse interpretando el texto constitucional”, agregó.
Explicó que no hay tiempo suficiente para reformar los artículos 95 y 96 de la Constitución y aplicarlos al actual proceso, “a las y los integrantes de la Comisión de Justicia les corresponde únicamente determinar si las y los candidatos cumplen con los requisitos inscritos en la ley, a las y los senadores en el pleno de la Cámara corresponderá decidir con su voto si eligen a un Ministro o a una Ministra o rechazar una o las dos ternas”, añadió.
“Es de atención urgente inscribir en la Constitución un procedimiento que se caracterice por su transparecencia, metodología, participación de la sociedad civil organizada y academia, y sobre todo, que garantice la independencia y imparcialidad del máximo tribunal del país, en un correcto equilibrio entre poderes”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
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