- Ley de Transparencia garantiza el derecho a saber.
- Gobierno abierto, un hito en el país.
- Ahora el reto es su implementación y un cambio de mentalidad
Es necesario entender ya que la transparencia, como mecanismo de rendición de cuentas, es la única vía para empezar a revertir la “lamentable tendencia” en los niveles de descrédito que tienen las instituciones, aseguró la senadora panista Laura Angélica Rojas.
Argumentó que la última medición del Latinobarómetro indica que sólo el 29 por ciento de la sociedad mexicana está satisfecha con la democracia, que el 17 por ciento de los ciudadanos se sienten representados por el Congreso y que sólo 26 por ciento piensa que el gobierno mexicano es transparente.
Al fijar el posicionamiento del PAN durante la discusión del dictamen que expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, consideró que ésta es una buena ley y es sin duda un instrumento que abona a garantizar el derecho a saber, y a una cultura de rendición de cuentas que tanto nos hace falta.
Comentó que la nueva legislación “cumple con el objetivo de armonización de la legislación federal en la materia con la Ley General de Transparencia que aprobamos el 18 de marzo pasado y que entró en vigor el 5 de mayo”.
Han sido poco más de seis meses en donde hemos trabajado, dijo, no sólo para que la ley federal sea armónica, sino para que en varios rubros se vaya más allá de la ley general, en beneficio del derecho de las personas al acceso a la información.
“De las 167 obligaciones de transparencia focalizada de la ley general, ahora se aumentaron 247 obligaciones específicas de transparencia proactiva para las instituciones federales, de las cuales 75 son especialmente para el régimen de transparencia en el sector energético”, expuso.
Sin embargo, aclaró, estos logros no son sólo números sino que son obligaciones que se traducen en conocimiento útil de información relevante para las personas.
“Por ejemplo, la gente podrá conocer --sin necesidad de pedirlo expresamente porque deberá de ser publicado en las páginas de internet de los sujetos obligados-- información sobre cuántas armas y de qué tipo circulan en la calle; a quiénes se les perdona el pago de impuestos, cuánto y por qué; cuántas cárceles hay y en qué condiciones están; a quiénes ha espiado el gobierno y por qué.
Además, cómo va el cumplimiento de nuestro país de los tratados internacionales que le aplican; dónde están las zonas del país contaminadas y de qué tipo de contaminación se trata; cuál es la riqueza natural de nuestro país, cuántos minerales nos quedan de reserva; a cuántas mujeres y hombres del campo se les ha apoyado y de qué manera”, precisó.
También, indicó, podremos vigilar a las empresas de telecomunicaciones para saber si cobran lo justo o no por sus servicios de telefonía, el internet o la televisión; el avance del cumplimiento de los procesos de evaluación educativa; dónde está el hospital más cercano; cuántos asegurados tiene el IMSS o qué dicen los representantes del gobierno a nombre de todos los mexicanos en las Naciones Unidas, cómo votan y a qué se comprometen en todos los organismos internacionales.
Las anteriores, remarcó, son algunas de las más de 100 obligaciones de transparencia del Poder Ejecutivo.
Subrayó que el Poder Judicial no se quedó atrás, pues también habrá información, por ejemplo, sobre cómo nombran a magistrados y jueces.
Rojas Hernández manifestó que además para los órganos autónomos encargados de temas federales como la competencia económica, las telecomunicaciones o la evaluación de la política social, el Inegi, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Fiscalía General de la República cuando entre en vigor, hoy todavía PGR, también se prevén en la ley 85 obligaciones de transparencia específica.
“Debemos recordar que uno de los grandes logros de esta ley, de la ley general y de la reforma constitucional es que el hecho de que la información no se encuentre dentro del catálogo de las obligaciones de transparencia proactiva no implica, de ninguna manera, que la información no sea pública o no sea consultable”, explicó.
Las obligaciones de transparencia proactiva, detalló, únicamente tienen el fin práctico de que la información más relevante que generan los sujetos obligados esté a la mano de los ciudadanos y se obvie el proceso de petición. De hecho, todas las reformas en esta materia parten del supuesto de que la información no es de los funcionarios públicos que la generan o la administran, sino que es de la gente.
Destacó que uno de los grandes temas en los que se dio un importante avance, y que fue una propuesta del grupo parlamentario de Acción Nacional, fue en el desarrollo de los principios del gobierno abierto.
Esto es un hito en el país, resaltó, pues es la primera ley que desarrolla los principios del gobierno abierto y que establece prácticas de Parlamento abierto apara el Congreso y de justicia abierta para los órganos del Poder judicial.
Refirió que, en términos prácticos, el gobierno, Parlamento y justicia abiertas buscan que las autoridades no sean un ente aislado a los ciudadanos, sino que cada vez más las personas se involucren, se escuche la voz y así las personas tengan el gobierno que esperan.
“Además de estos aspectos novedosos, también se regulan en este dictamen aspectos orgánicos básicos y de procedimiento como las facultades del INAI, de los comisionados, del Pleno, de los comités y unidades de transparencia, procedimientos de acceso a la información, clasificación, revisión de asuntos jurisdiccionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de medidas de apremio y sanciones por incumplimiento a la ley”.
El siguiente reto, indicó, es el de la implementación, empezando por nuestra propia casa, el Poder Legislativo se ha estado preparando para cumplir a cabalidad sus obligaciones de transparencia proactiva y hay que acelerar el paso y refrendar el compromiso.
“Hay que recordar que desde la ley general todos los órganos de gobierno, comités, comisiones, centros de estudio y grupos parlamentarios y, en consecuencia, los legisladores en lo individual tenemos obligaciones que cumplir como lo establece la ley general; nadie está exento y estamos en el camino de cumplir a cabalidad estas obligaciones”, apuntó.
Rojas Hernández precisó que la implementación requerirá un compromiso mayor de todos porque implica, aparte de recursos materiales, algo mucho más de difícil de lograr que es un cambio cultural, un cambio de mentalidad, un cambio de cultura organizacional y disposición de miles de funcionarios públicos de todo el país para que dejen de ver a las nuevas obligaciones como un capricho, como una carga excesiva e innecesaria que los distrae de sus labores sustantivas.
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