Al hablar a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Penal para Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, la senadora perredista indicó que los criterios adoptados por cada uno de los estados de la Federación son verdaderamente heterogéneos y, en algunos casos, contrarios a la Constitución.
Con la reforma que se aprobó este día, detalló la legisladora del PRD, se evitará:
a) la dispersión legislativa que hasta hoy genera una gran inequidad en el acceso a la justicia de las y los adolescentes;
b) la incertidumbre jurídica en materia de cumplimiento del derecho individual al debido proceso; y
c) la gran disparidad que hay entre los Estados en las medidas máximas y mínimas de internamiento, lo que hoy genera que por la misma conducta tengamos adolescentes sentenciados en unos Estados a 5 años de privación de libertad, mientras que en otros se les ha impuesto hasta veinte años de prisión.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos apuntó que por fin se podrá hacer efectiva la atención a niñas y niños a quienes se les atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito, sin ser sujetos, de ninguna manera, del sistema de justicia para adolescentes, restituyéndolos de sus derechos a través de la asistencia social, en los casos en los que proceda.
"Hablar de reinserción de las y los adolescentes es hablar del respeto irrestricto de todos sus derechos. Estamos convencidas y convencidos que es la única manera de lograr una verdadera prevención social del delito, a través de medidas que logren que las y los adolescente que en algún momento se hayan visto involucrados en un hecho delictivo, no vuelvan a estar nunca en la misma situación."
La senadora Angélica de la Peña concluyó invitando a todas y todos los legisladores a involucrarse en la creación del Sistema de Justicia para Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, parte fundamental de la ley secundaria en la materia
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