La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna advirtió que la detención de Amado Yáñez –socio mayoritario de Oceanografía y contratista consentido durante los dos sexenios panistas-, no resuelve el fraude descomunal urdido contra Pemex, mismo que le ocasionó un inmenso daño a su patrimonio y producción.
A consideración de la legisladora perredista llama la atención que sea ahora el Seguro Social el que lo someta a nuevo juicio penal, sobre todo porque la Procuraduría General de la República había informado a la Comisión Investigadora del Senado que lo primero que se había pagado con la venta del equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro -propiedad de Yáñez-, eran precisamente los adeudos al IMSS y al INFONAVIT; lo que ciertamente no ocurrió.
“Estamos, de nuevo, ante el escenario de un ‘fraude consentido’ por las propias autoridades de Pemex, cuyas dimensiones e implicados aún se desconocen por completo, ante las contradicciones, omisiones y dilaciones cometidas por la Procuraduría General de la República en este caso”, aseveró.
Padierna Luna planteó que tanto la PGR como Pemex deben responder las siguientes dudas: ¿por qué el atraso de ocho meses en los que se han gastado cuantiosas sumas de recursos públicos al haber involucrado no sólo a la PGR, sino al Sistema de Servicio y Administración de Bienes de la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Poder Judicial Federal a través del juez concursal Felipe Consuelo Soto y a las comisiones investigadores de ambas Cámaras legislativas?, ¿acaso fue un montaje para ganar tiempo a fin de que el grupo Miguel Alemán -que tenía interés en quedarse con la contratista-, tomara la última decisión que al fin de cuentas fue negativa, debido a que Amado Yáñez nunca aceptó la condición de quedar fuera de su empresa?, ¿estamos, de nuevo, ante la trama de los grupos de poder económico que someten las decisiones de las instituciones del Estado mexicano?
“La alternativa como bien lo sugerimos ante la Comisión Investigadora del Senado, es que si Oceanografía resultaba indispensable para la operación de Pemex, era necesario requisar la empresa, administrarla, sanearla y promover que sus trabajadores y proveedores pudieran continuar sus actividades productivas”, afirmó.
La también secretaria de la Comisión Especial para el caso de Oceanografía advirtió que el gran poder económico de los involucrados en este fraude y las multimillonarias ganancias generadas no deben ser excusa para llegar hasta el fondo de las redes criminales que se extienden hacia instituciones financieras y Pemex.
“¿Por qué la PGR primero acusó de un delito ‘no grave’ a Amado Yáñez y, ahora, decide detenerlo e investigarlo por distintas imputaciones, entre ellas la del lavado de dinero?, ¿por qué se insistió durante varios meses que se trataba de un ‘conflicto entre privados’ y no de un daño patrimonial al Estado mexicano?”, cuestionó.
A decir de la legisladora perredista, Oceanografía es una caja china donde están las entrañas de la corrupción provocada por la acelerada privatización de los servicios de Pemex. “El caso debe llevar no sólo a frenar la impunidad sino a tomar decisiones inmediatas para evitar nuevos fraudes y quebrantos con un costo social para todos los mexicanos”.
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