Mediante una iniciativa para reformar los artículos 49 y 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la legisladora por Tlaxcala señaló que dicha certificación debe garantizar el inmueble como mínimo para su funcionamiento, a fin de prevenir y proteger de cualquier situación de riesgo o emergencia.
Además propuso que en caso de no contar con la certificación, el centro de cuidado infantil sea suspendido temporalmente en sus actividades para garantizar la seguridad de los niños.
Lorena Cuellarrecordó que despuésdel incendio ocurrido en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009, se creó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la cual representa un avance para garantizar condiciones para que la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil sean de calidad.
“Sin embargo, la aplicabilidad dicha ley ha sido limitada y muchas estancias siguen funcionando sin los apropiados niveles de seguridad, su aplicación es sólo opcional y no se revisa con detenimiento en materia de incendios, de ahí que exista un riesgo potencial de accidentes por su falta de prevención y observancia”, dijo.
Lorena Cuéllar también mencionó que además del DIF, existen fundaciones que coadyuvan en la validación de la efectividad de los protocolos de evacuación, revisión de instalaciones de gas y eléctricas, y verificación de existencia de cortafuegos en las estancias infantiles.
“Desafortunadamente estas certificaciones no son obligatorias en todos los centros de cuidado infantil, razón por la cual, prácticamente todos ellos operan en dudosas condiciones que garanticen la seguridad especialmente ante accidentes relacionados con fuego e incendios”, advirtió.
Por ello, precisó que el Estado debe otorgar una certificación contra incendios y considerar los gastos derivados en el presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.
Además sostuvo que la propuesta busca que a largo plazo se certifique a todos los centros de cuidado infantil, empezando por las estancias que determine el DIF Nacional y dando prioridad a las zonas donde se concentra la mayor proporción de población en vulnerabilidad.
“Un tema trascendental como la seguridad de nuestras niñas y niños debe supeditarse a la voluntad política de los gobernantes, por lo que es imprescindible que la certificación antiincendios sea requisito indispensable para operar centros de cuidado infantil”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y posterior dictamen.
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