- Hay entidades que viven en estados de excepción, donde el grado de penetración del crimen organizado es alarmante
El Partido Acción Nacional demanda al gobierno federal asumir plenamente su responsabilidad, empezar a dar resultados en materia de seguridad de manera urgente, porque hay entidades que viven en estado de excepción, sostuvo el senador Francisco García Cabeza de Vaca en representación de su grupo parlamentario.
“Las promesas ya no son alentadoras, las cifras de diversos delitos van en aumento, la violencia se recrudece, la penetración de la delincuencia organizada es alarmante, al grado que podemos decir que en algunas entidades federativas existen estados de excepción”, aseveró en tribuna el legislador por Tamaulipas.
Al emitir el posicionamiento del PAN en torno a los asesinatos y la desaparición de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, García Cabeza de Vaca exigió que el gobierno federal “haga un alto en su estrategia, reconsidere seriamente modificarla y actúe a tiempo y no sólo con medidas reactivas”.
García Cabeza de Vaca reiteró que es necesario que el Ejecutivo federal asuma su propia responsabilidad, pues ya la PGR atrajo el caso y está llevando a cabo las investigaciones, aunque no es suficiente.
Es momento de hacer una pausa de lo que se está haciendo en materia de seguridad, sostuvo. En primer término, agregó, se debe señalar con firmeza que no puede volver a ocurrir un caso como el de Iguala, no debemos permitir que vuelva a haber un ataque a estudiantes de esta forma.
En segundo término, añadió, se debe aceptar con humildad que la estrategia anticrimen que tanto vendió el gobierno federal no está funcionando.
En tercer término, concluyó, no podemos seguir solapando a gobernadores ausentes porque Guerrero no es el único caso, ahí están Tamaulipas, Veracruz y Michoacán, estados donde desde hace tiempo se pacta con la delincuencia organizada.
Por su parte, la senadora Luisa María Calderón mencionó que los hechos de Iguala son resultado de una falta de estrategia clara por parte de autoridades locales y federales para enfrentar al crimen organizado, así como de una cadena de descomposición social que prevalece en diversos estados como Michoacán y Tamaulipas.
La senadora remarcó que mientras el crimen organizado ha cambiado sus estrategias y métodos de operación, como ocurre en Michoacán, el gobierno federal muestra la falta de ejes contundentes de acción en materia de seguridad.
En este mismo tema, la senadora Adriana Dávila Fernández expresó que mientras los lamentables hechos de Iguala son el reflejo de lo que sucede en otras partes del país, muchos gobernadores han dejado de asumir su responsabilidad en materia de seguridad pública, debido a la estrategia federal en esa materia.
Subrayó que desde que el gobierno federal inició su estrategia policial de Mando Único, sólo ha solapado a los gobernadores y lamentablemente, entre las autoridades estatales y municipales, confundieron el concepto de coordinación con el de “complacencia y simulación”.
A su vez, la senadora Silvia Garza Galván consideró que Iguala, en Guerrero, es un ejemplo claro del fracaso del gobierno federal en la estrategia de seguridad.
Refirió que en Tlatlaya, estado de México, fueron militares los que ejecutaron a presuntos delincuentes, mientras que en Iguala fueron policías quienes dispararon contra los estudiantes y jugadores de futbol.
“Escuchar los últimos acontecimientos de Guerrero tal vez ya no inmuta, la crueldad de los grupos criminales que operan en México ya no es novedad para muchos, pero la participación de policías en la ejecución de los estudiantes de Iguala no puede ignorarse”, agregó.
No hay lugar a las mediocridades en Guerrero, remarcó la legisladora por Coahuila, la contundencia del Estado en castigar a los culpables de tales homicidios no debe hacerse esperar, y el gobernador está obligado a dar respuestas claras y a ejecutar acciones contundentes.
“Exigimos una política integral en materia de seguridad pública, porque mandar 250 gendarmes sabemos que no va a solucionar el problema, sólo haciendo justicia lograremos que este país cambie en el camino de las instituciones”, apuntó.
En tanto, el senador Salvador López Brito dijo que en el país estamos viviendo en una situación de violencia extrema y en una paz tensa, donde el derecho a la vida está siendo violentado reiteradamente.
“Ante los hechos de Tlatlaya y de Iguala, el Estado mexicano no debe quedarse con los brazos cruzados y continuar tolerando malas prácticas por parte de las corporaciones policiacas o las propias Fuerzas Armadas, que pudieran ser constitutivas de delito.
“Estos hechos han sido denunciados como ejecuciones sumarias por organizaciones defensoras de los derechos humanos; se deben investigar a fondo todas estas presuntas violaciones y sancionar con la pena máxima a los culpables en estos hechos criminales, además de analizar las normas y protocolos de detención de acuerdo a los estándares internacionales en la materia”, subrayó.
En su oportunidad, el senador Javier Lozano Alarcón aseveró que hay que señalar a los tres órdenes de gobierno como corresponsables y advirtió que los sucesos de Iguala no son un caso aislado, “nos tiene que mover y remover las consciencias, pero también a la acción”.
Como Senado, dijo, asumimos la responsabilidad de legislar y hacer las reformas que sean necesarias para tener un buen marco jurídico, pero si no hay implementación y ejecución en los tres órdenes de gobierno, de nada sirven las leyes y menos si hay una impunidad creciente de la delincuencia en el país.
“Aquí el que no quiera cumplir con su responsabilidad que se largue; estamos para desquitar un mandato que se nos confiere. Ya basta de alcaldes delincuentes, gobernadores ausentes y servidores públicos federales que se contentan con lamentar los hechos”, señaló el legislador panista.
En lo que refiere a la seguridad, Lozano Alarcón aseguró “que las cosas no funcionan porque no hay Mando Único policial en los estados, porque no quieren someterse a exámenes de confianza ni toxicológicos, ni la depuración de sus policías, porque no hay ética política, porque hay un menosprecio y descaro a la vida de las personas”.
Por su parte, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza señaló que la crisis que se vive en materia de seguridad en el país es el resultado de la falta de gobernabilidad del Ejecutivo federal por lo que demandó al partido gobernante cambiar la estrategia e involucrar a la sociedad civil.
La realidad de lo que pasa en diversos estados como Michoacán, estado de México o Guerrero, nos confirma que no hay una estrategia; le ha apostado a tres acciones que no han dado resultados: primero la centralización exagerada de facultades en la Secretaría de Gobernación; segundo, empecinamiento por omitir la realidad en el discurso oficial y tercero, la reacción tardía de un gobierno federal ante la crisis en los estados.
“Ya han transcurrido dos años de este gobierno; el pueblo de México sigue esperando que den muestras de capacidad, de decisión, no de inercia o de incapacidad”, aseguró.
En tanto, el senador Francisco Búrquez Valenzuela criticó al PRI por querer eludir su responsabilidad: “el gobierno federal tiene que hacerle frente a esta situación de ingobernabilidad en el país y no se vale ninguna justificación. No vamos a permitir que haya impunidad, tenemos que hacerle frente y les exigimos que actúen”.
“¿Dónde está el Gobierno de la República?, ¿dónde están los que sí sabían gobernar? Ahora nos piden unidad a toda la clase política, cuando ahí están los hechos, les aprobamos todo lo que ustedes nos plantean para poder enfrentar a la delincuencia y hacerle frente a los problemas de México, entonces no tienen pretexto para actuar y les pedimos resultados”, asentó.
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