La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna consideró que la designación de los Integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales no ha sido ni objetiva, ni transparente, incluso, el INE transgredió los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia, legalidad y certeza que rige la función electoral; esto representa una traición a la ciudadanía.
“En otras palabras, iremos a las elecciones federales y estatales del 2015 con Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), donde sobra el partidismo y el favoritismo y escasea la legitimidad y la participación ciudadana”, afirmó.
Padierna Luna consideró que, una vez culminado el proceso de evaluación, selección y designación de las 126 propuestas para integrar los Organismos Públicos Locales Electorales nos encontramos con grandes vicios que ponen en duda su credibilidad y legitimidad frente a los ciudadanos
“Se trató de un proceso dominado por los círculos cerrados y autorreferenciales de la élite de funcionarios y magistrados electorales”, añadió.
A consideración de la legisladora perredista no son objetivas, ni transparentes las decisiones adoptadas en el 95 por ciento del Comité de Vinculación, tal como denunciaron el pasado 29 de septiembre un grupo de destacados ex funcionarios electorales estatales, personalidades y militantes de organizaciones ciudadanas.
Prevaleció, dijo, el viejo y contraproducente vicio del favoritismo, sobre todo, en los casos que fueron revisados por los magistrados electorales, para ejemplo el caso de la magistrada Maricarmen Alanís, quien impulsó para el organismo del Distrito Federal a su propio asesor Yuri Gabriel Beltrán Miranda y a su secretario de Estudio y Cuenta, Juan Antonio Garza.
O el caso del consejero electoral del INE, Marco Antonio Baños, cercano al PRI y quien impulsó a su asesora Dania Paola Ravel Cuevas, como consejera electoral por 6 años en el organismo del Distrito Federal.
O el consejero electoral Juan Carlos Sánchez León, quien impulsó en el mismo organismo capitalino a su asesora Gabriela Williams Salazar, involucrada en el sonado caso para proteger al cuestionado ex líder del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
También, destaca el caso del magistrado Salvador Nava Gomar, quien intervino para impulsar a su secretaria particular Alejandra Díaz García.
La senadora perredista recordó que las irregularidades presentadas motivaron a que alrededor de 91 aspirantes presentaran escritos de reconsideración ante la Comisión de Vinculación y un número menor, escritos de demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De estos 91 casos, 34 fueron revisados; “sin embargo, se violó el principio de certeza ya que tampoco este Comité de Vinculación explicó cuáles fueron sus razonamientos, consideraciones y motivaciones que justificaron que algunos aspirantes reingresaran al proceso. En algunos casos, como vimos, fue por favoritismo”.
Padierna Luna señaló que, tanto en el examen inicial, como en el ensayo presencial se aplicaron medidas de evaluación muy discrecionales. “No se les dio la posibilidad explícita de la revisión de examen a quienes no alcanzaran el mínimo requerido. El ensayo se calificó con criterios como ‘idóneo’ y ‘no idóneo’, a pesar de que los lineamientos del INE permitían suponer que se realizaría algún tipo de calificación cuantitativa o ponderación de los ensayos”.
“Se desconoce cuándo y cómo la Comisión de Vigilancia de los OPLES, integrada por los consejeros electorales del INE, realizaron la valoración curricular. En vez de publicar porcentajes, ponderaciones y resultados, la Comisión se limitó a publicar listados por cada entidad. El partidismo no estuvo exento en este proceso. El sesgo partidista a favor o en contra de varios aspirantes estuvo presente en entidades como el Distrito Federal, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Michoacán, Baja California Sur y Querétaro, por mencionar algunos casos documentados”, finalizó.
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