* La intervención de instituciones ajenas y autónomas al Proyecto Metro generará mayor certeza en cuanto a la certificación de operatividad de la Línea 12
Al conocer que hoy inician los trabajos de diagnóstico de la empresa Triacaud Societé Organisé (TSO), la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza pidió al Senado de la República que promueva la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con la finalidad de realizar un proceso de peritaje y certificación de operatividad a la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en virtud de que es necesario que se garantice la transparencia y la objetividad para deslindar responsabilidades.
Al mismo tiempo, la legisladora del PAN exhortó al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que otorgue las facilidades necesarias a los técnicos especialistas que sean designados por la UNAM, el IPN y la SCT para realizar el proceso de certificación operativa de la denominada “Línea Dorada”.
A través de un Punto de Acuerdo, Gómez del Campo indicó que es evidente que la certificación que se le dio a la Línea 12 por parte de un consorcio extranjero, no garantizó su funcionalidad total, por lo que consideró pertinente se integren al proceso de certificación a instituciones educativas mexicanas de prestigio en la materia.
Estas acciones se suman a la carta enviada en días pasados al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, donde la senadora del PAN le solicita su intervención para llevar a cabo dichas acciones que contribuyan a dar certeza a los ciudadanos y claridad sobre el ejercicio de recursos provenientes de la Federación.
Lo anterior, dijo, debido a que si dichos estudios los realizan las autoridades de la administración capitalina no se garantizarán los principios de imparcialidad y transparencia que se requieren para deslindar responsabilidades.
Recordó que en la Asamblea Legislativa se conformó una Comisión Especial Investigadora, ante la cual han comparecido funcionarios públicos y representantes legales de las empresas constructoras. Sin embargo, aún no se determina qué originó las fallas y menos aún a quién se le atribuye la responsabilidad por los daños ocasionados.
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