• Si no se previeran las adecuaciones necesarias, el nuevo modelo político-electoral establecido en la Carta Magna tendría un gran vacío procedimental, destacan
En el marco de la recién aprobada reforma política no sólo es necesario definir la estructura con la cual el Tribunal Electoral deberá atender los procedimientos sancionadores, sino que también se requiere revisar y adecuar la tramitación correspondiente, por ello se proponen reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de hacer efectivos los medios y las formas en las que éstos se realizarán, afirmó el senador panista Fernando Torres Graciano.
Al presentar la propuesta a nombre de los senadores y diputados federales de Acción Nacional, el legislador por Guanajuato indicó que el propósito central es hacer efectiva la aplicación y ejecución del marco jurídico en materia electoral.
“Si no se previeran las adecuaciones necesarias a la citada ley, el nuevo modelo político electoral establecido en la Carta Magna tendría un gran vacío procedimental”, explicó.
Los legisladores del PAN, añadió, conscientes de la importancia que tienen los procesos electorales y los medios de impugnación, hemos llevado a cabo una revisión a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para detectar, modificar, adicionar y reformar, pero sobre todo para armonizar el contenido de la misma con el marco constitucional en la materia.
Detalló que en la propuesta, entre otros aspectos, se refiere que para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, la interpretación del orden jurídico deberá realizarse conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, favoreciendo en todo momento a las personas.
Apuntó que se establece la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver los procedimientos administrativos sancionadores que el Instituto Nacional Electoral (INE) ponga a su disposición, y se prevé la resolución por parte del Tribunal de los conflictos laborales entre el INE y sus trabajadores.
“El INE deberá poner a disposición del Tribunal Electoral los procedimientos sancionadores con motivo de las quejas o denuncias por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, para resolver en forma definitiva, y en su caso, imponer las sanciones de conformidad con la ley”, expuso.
Torres Graciano dijo que también se plantea que exista una Sexta Sala Regional en Materia Administrativa Electoral, la cual resolverá en forma definitiva y deberá imponer las sanciones a que haya lugar en los procedimientos sancionadores.
“Dicha Sala tendrá la facultad de solicitar pruebas para proveer la sustanciación de los procedimientos; y se propone que apruebe los proyectos de sanción en sesión pública por mayoría de los magistrados integrantes y, en caso de empate, el Presidente de la dicha instancia tendrá voto de calidad”, acotó.
En cuanto a las definiciones de las causales de nulidad propuestas en la iniciativa, precisó que será nula una elección por exceder un 5 por ciento o más el monto del tope de gastos de campaña autorizado por la autoridad competente; también cuando se acredite la compra o adquisición de tiempos en radio y televisión o el exceso en la cobertura informativa en donde se actualice una violación al principio de equidad en la contienda; y cuando se documente de forma evidente y objetiva la utilización de recursos cuyo origen es diverso al previsto en la ley.
De igual modo, se estableció que los candidatos independientes sólo podrán impugnar actos o resoluciones de las autoridades electorales respecto de la elección en que participen.
En senador por Guanajuato resaltó que ponen a consideración de la Cámara Alta múltiples cambios a diversos artículos para adecuar las facultades del INE en relación con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y respecto de las nuevas consideraciones referentes a los candidatos independientes y al Registro Nacional de Electores.
“La tarea de armonizar el marco legislativo en materia electoral ha implicado una profunda revisión del orden jurídico, con la finalidad de fortalecer diversos aspectos que respondan de mejor manera a las demandas de la realidad social, en la búsqueda de una impartición de justicia en materia electoral más garantista y eficaz”, concluyó Torres Graciano.
La propuesta de los legisladores del PAN se turnó a las comisiones unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictaminación.
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