Con el respaldo de los senadores del GPPRI, integrantes de la Comisión de Salud aprobaron el dictamen de la minuta de reformas a la Ley General de Salud, con la que se garantizará un gasto más efectivo, eficiente y transparente del Seguro Popular.
Las senadoras priistas Hilda Flores Escalera y Cristina Díaz Salazar destacaron la relevancia de esta iniciativa, que fue enviada el pasado 10 de septiembre por el Presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados, ya que se reflejará en la salud de los mexicanos afiliados a este esquema de atención.
El tema no es menor, porque tiene que ver con las finanzas, la rendición de cuentas y con la transparencia, que son una exigencia social, que debe ser plasmada en la ley, subrayó Díaz Salazar, al considerar que se pone a la vanguardia para que no se desvíe un solo peso.
Durante la reunión de esta Comisión participaron también los senadores priistas Miguel Romo, Braulio Fernández y Armando Neyra.
Ahí, Díaz Salazar, manifestó su apoyo al rubro de sanciones, y se impongan penas de cuatro a siete años de prisión y una multa de mil a 500 mil días de salario mínimo a quien desvié el objeto de estos recursos transferidos del sistema de protección social de salud.
La legisladora por el estado de Nuevo León reconoció al anterior y actual Gobierno federal por el impulso al Seguro Popular, al que se encuentran ya afiliados casi 53 millones de personas, y de un presupuesto inicial de 3 mil 700 millones de pesos, para este año se asignaron 72 mil millones de pesos.
En tanto, Flores Escalera mencionó que con este dictamen no existe el riesgo de que se centralicen los recursos y habrá posibilidad de que los estados ejerzan recursos, y argumentó que esta iniciativa evitará que continúen las anomalías en el manejo del gasto, como lo documentó la Auditoría Superior de la Federación.
Señaló que un diagnóstico de la ASF destaca que diversos estados registran algunas irregularidades en el manejo de los recursos del Seguro Popular, como el no utilizar una cuenta única; no existe transparencia en las áreas de compra y manejo de medicamentos.
También, abundó la secretaria de la Comisión de Salud y legisladora por el estado de Coahuila, pone en evidencia un elevado subejercicio que limita conocer el destino del dinero no ejercido y oculta su fiscalización, entre otros aspecto.
La Comisión de Salud, en la que participaron los senadores priistas Miguel Romo, Braulio Fernández y Armando Neyra, aprobó además otro dictamen de reforma a la Ley General de Salud, en materia de combate a la obesidad y 33 propuestas de punto de acuerdo.
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