Senado de la República

La iniciativa de reforma secundaria en materia de competencia debe incluir el diseño y la implementación de una política de fomento a la competencia que parta de un diagnóstico detallado y suficientemente sustentado de las condiciones de competencia de los distintos sectores de la economía, advirtió la la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna.
Incluso, afirmó que si para la implementación de la política se requieren modificaciones al marco legal se deberán proponer al Congreso, pero siempre vinculados a la política de fomento y no al revés como se está haciendo.
"Se puede afirmar que la economía mexicana tiene graves y profundas deficiencias en materia de competencia económica que lejos de resolverse se han ido agudizando. Esta inocultable realidad ha sido reconocida por el propio Gobierno y para solucionarla, lo único que ha hecho es promover modificaciones al marco legal, lo que es notoriamente insuficiente para la solucionar este grave problema, como ya se ha demostrado en el pasado", aseveró.
Padierna Luna aseguró que la concentración de mercados genera precios excesivos que elevan los costos de operación de las empresas e impiden la correcta asignación de los factores. "En México, la insuficiente competencia se traduce en altos precios de insumos estratégicos para las empresas. Además, los altos precios de bienes de consumo final, generados por la falta de competencia, afectan el bienestar de toda la población en distintas magnitudes".
"La falta de competencia en siete mercados de bienes de consumo generalizado –tortilla; carne procesada; pollo y huevo; leche; refresco, jugo y agua; cerveza y medicamentos– reduce entre 33 y 46% el poder adquisitivo de los hogares. Este efecto daña hasta en un 22.7% más a los hogares rurales de menores ingresos con relación a los hogares de mayores ingresos", informó.
Padierna Luna recordó que en junio de 2013, se modificó la Constitución creando la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE) como un organismo autónomo, que sustituye a la COFECO y que tiene como objeto “Garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados con el propósito de fortalecer las capacidades reguladoras del Estado.”
A consideración de la también integrante de la Comisión de Hacienda del Senado esta modificación sólo se trata de convertir un organismo desconcentrado en autónomo, como si esto garantizara que se mejorará su desempeño, lo cual es cuestionable ya que la experiencia demuestra lo contrario.
"Por otra parte, el gobierno se ha hecho de la 'vista gorda' ante la evidente concentración en importantes actividades que ha tenido severos impactos negativos en la población, como: la producción y distribución de harina de maíz, carne de pollo y huevo, muchos alimentos procesados, pan industrializado, refrescos, cerveza, distribución y venta al público de medicamentos, cadenas de autoservicio, tiendas departamentales, las llamadas tiendas de conveniencia, servicios médicos particulares, cemento, empresas constructoras, cadenas cinematográficas, evidentemente el sistema financiero, minería, transporte terrestre de carga y aéreo, fabricantes de pinturas, entre otros muchos casos. Todos estos sectores se caracterizan por ser monopolios, altos niveles de concentración y/o de aplicación de prácticas anti competencia. En todos estos casos se ha producido un fenómeno de concentración creciente. En todos estos sectores la desaparición de empresas o su integración a las dominantes ha sido evidente", alertó.
La senadora perredista refirió que en el Artículo 28 de la Constitución se establece que no se considerarán monopolios, entre otros, la exploración y extracción de hidrocarburos y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, pero la reforma energética aprobada el año pasado, se permite ya la participación privada en estos sectores casi en cualquier modalidad. Si ésta no se regula adecuadamente, existe el enorme riesgo de que se creen monopolios privados, como ya ha ocurrido en sectores como el financiero, telefónico y ferrocarrilero, pero a diferencia de éstos, los del sector energético además estarían protegidos por la propia Constitución.
"Revertir las prácticas monopólicas que se han comentado, además de requerir de voluntad política, tiene enormes dificultades de orden práctico. La estructura productiva y la capacidad de distribución que tienen muchas de las empresas dominantes, hacen prácticamente imposible la entrada de nuevos competidores. Así por ejemplo, ¿quién podría competir con Bimbo o con los distribuidores de medicamentos en los sectores que dominan? Esta realidad obliga a establecer regulaciones específicas para estos sectores, es decir, no basta con disposiciones generales de combate a los monopolios, sino que la legislación debe fundamentarse en un análisis específico de las condiciones de concentración existentes en cada sector", concluyó.
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