E legislador panista agregó que con esta decisión del Senado se avanza en el respeto irrestricto a las garantías individuales de los extranjeros que se encuentran en nuestro país, toda vez que “es un derecho humano el ser oído y vencido en juicio” y no ser expulsados sólo por un acto arbitrario del Presidente de la República.
Asimismo, dijo que el retiro de las reservas constituye un progreso en el cumplimiento de las recomendaciones de diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos, y es congruente con la reforma constitucional en derechos humanos de 2011.
El titular del Ejecutivo Federal solicitó al Congreso de la Unión el retiro de dichas reservas debido a la reforma constitucional de 2011 que, entre otros cambios, modificó el artículo 33, que facultaba a aquél a expulsar a los extranjeros sin juicio previo.
La mencionada reforma garantiza el derecho de audiencia, es decir, debe existir un procedimiento seguido en forma de juicio para determinar la expulsión o no de un extranjero. Además, la Ley de Amparo de 2013 establece que los extranjeros podrán obtener amparo contra actos de expulsión.
Entre los tratados internacionales que presentaban reservas por parte del gobierno mexicano se encuentran: la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros; la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Trabajadores Migratorios
Con el retiro de las reservas se reconoce el derecho a la protección judicial y al debido proceso de las personas extranjeras sujetas a un proceso de expulsión del territorio nacional en concordancia con el nuevo artículo 33 constitucional y se establece que los presuntos responsables de desaparición forzada sólo sean juzgados por la jurisdicción civil y no por la militar.
El dictamen fue remitido al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
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