La secretaria de la Comisión de Justicia del Senado, Arely Gómez González, convocó a la sociedad en su conjunto a trabajar con ahínco, para materializar en la vida diaria de los mexicanos, uno de sus principales anhelos, como es hacer de México un país más justo.
Esta encomienda, reconoció la legisladora priista, no es una tarea fácil, principalmente en una nación como la nuestra, donde la justicia tiene enormes deudas con la sociedad.
Por tal motivo, la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara alta, elabora un marco jurídico sólido que genere confianza en el sistema nacional de justicia, pues está consciente de la responsabilidad que tiene como instituto político en el Gobierno, con la población, destacó.
En el marco de la presentación del primer informe de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Gómez González dijo que hoy en día, el ciudadano entiende que la democracia trasciende al sufragio de cada tres o seis años: quiere saber; quiere estar informado; quiere ser partícipe de las decisiones.
En este sentido, señaló la necesidad de que el Congreso de la Unión se acerque más a los ciudadanos y les brinde toda la información para conocer el trabajo de los legisladores a fin de que “puedan juzgar nuestro trabajo”, pues ¿cómo podríamos de lo contrario, ejercer la digna labor de tomar decisiones en su nombre?
De lo que se trata, explicó la senadora Arely Gómez, es de diseñar con la sociedad, y para la sociedad, el proyecto de nación al que aspiramos. “Porque más allá de los tribunales; de las salas de juicio; e incluso de las paredes del Congreso, la justicia debe reflejarse en la vida cotidiana de cada mexicano”.
Es por ello, que en la Comisión de Justicia se decidió implementar los mecanismos necesarios para abrir el proceso legislativo a los diferentes sectores del país, ya que con transparencia, participación, información útil y rendición de cuentas, se han sentado las bases para convertir al Congreso mexicano en auténtico parlamento abierto, abundó.
Lo anterior, comentó la legisladora por el Distrito Federal, en virtud de que no se podrá entender una Ley de Protección a Periodistas, sin las audiencias públicas a las que se convocaron; “no podríamos hablar hoy de un Código Nacional de Procedimientos Penales sin cada una de las sesiones del Consejo Técnico que nos asesoró; o sin la gran labor de quienes participaron en el simulador que nos permitió ver de manera directa el funcionamiento del nuevo sistema.
Y desde luego, no podríamos entender una Ley General de Víctimas, sin el valioso testimonio de la sociedad civil y de las propias víctimas, aseveró.
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