La senadora panista Marcela Torres Peimbert presentó un punto de acuerdo ante el Pleno de la Comisión Permanente, para exhortar a los Congresos de las entidades que no han avalado la reforma constitucional en materia de reforma política a que la aprueben lo antes posible y así se pueda emitir la correspondiente declaratoria de procedencia constitucional.
Torres Peimbert detalló que Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán son los estados a cuyos Congresos no han aprobado la reforma política.
Explicó que Congresos de 10 entidades ya aprobaron la reforma, por lo que faltarían por lo menos otros seis para cumplir el requisito constitucional, que establece la obligación de que la mayoría simple de las Legislaturas locales avalen un cambio a la Carta Magna para hacer la declaratoria de procedencia.
La senadora hizo el llamado a aprobar la reforma constitucional lo antes posible para dar comienzo a los trabajos de discusión y aprobación de la legislación secundaria, la cual corresponde a la expedición de la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En esa ley secundaria, agregó, “se establecerán las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y honradez, así como que se respeten los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”.
Torres Peimbert aseguró que la experiencia internacional señala que es necesario contar con un marco legal adecuado a efecto de disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos de forma tal que estos fondos públicos no sean utilizados como lo ha hecho Manuel Velasco Coello, gobernador del Estado de Chiapas al promocionar su Primer Informe de Gobierno.
“Resulta necesario discutir y dictaminar una ley clara y precisa que prohíba este tipo de conductas de los servidores públicos y que contemple por lo menos los siguientes principios rectores de distribución de la pauta estatal: planificación adecuada o mecanismos de contratación; transparencia y acceso a la información; control externo de la asignación publicitaria, y pluralismo informativo y publicidad oficial”, por lo que Chiapas es un “caso de abuso del poder”, afirmó Torres Peimbert.
Acusó que a casi 900 kilómetros de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lugar donde reside el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, se llevó a cabo una campaña mediática digna de una corporación trasnacional, pero financiada por recursos públicos del estado más pobre del país.
Así fue que los habitantes del Distrito Federal, así como los de Monterrey, Puebla, Veracruz, Estado de México y Sinaloa, presenciaron algo que parecería inverosímil en democracias sólidas: un despliegue de propaganda en revistas, televisión, periódicos, transporte público de la Ciudad de México, paraderos de autobuses, anuncios espectaculares, salas de cine, redes sociales, entre otros, abundó.
Por tal motivo, recordó que el Partido Acción Nacional presentó en días pasados una queja ante el Instituto Federal Electoral, a través de la cual se denuncian las diversas irregularidades detectadas con motivo de la difusión del Primer Informe del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.
Lo más obsceno, continuó la legisladora, es que el gobernador haya gastado más de 10 millones de dólares en algo tan banal, más cuando Chiapas según información del Coneval, es el estado más pobre país y requiere de tantos recursos como sean necesarios para abatir la pobreza, la pobreza extrema y en donde la población tiene en promedio 6.7 años de educación por habitante.
“Este frenético ataque de Manuel Velasco Coello por formar parte de la agenda nacional a costa del dispendio de recursos, como es típico de instituciones corruptas y arbitrarias, generó gran indignación entre la ciudadanía que se pregunta cuáles son los instrumentos legales que facultan al gobernador para gastar dinero de los contribuyentes fuera de los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, indicó.
“Un gasto de recursos públicos de esta magnitud debe traer consigo un beneficio de iguales proporciones para los ciudadanos de cualquier estado, sin embargo, esta no es la lógica de los más de 110 millones de pesos que ha gastado Manuel Velasco Coello en publicitarse dentro y fuera de su estado; resulta evidente que la campaña está diseñada para favorecer los intereses y aspiraciones políticas del gobernador a corto, mediano y largo plazo”, acusó Torres Peimbert.
El punto de acuerdo se turnó a la Primera Comisión para su análisis y dictamen correspondiente.
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