Senado de la República

El Instituto de Combate a la Corrupción que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública (SFP) perseguirá el delito en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y en los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y tiene los candados necesarios para que no sea utilizado políticamente, ni se realice una “cacería de brujas”, sólo se procederá con la ley en la mano, “caiga quien caiga”, incluidos particulares, advirtió el senador panista Daniel Ávila Ruiz.
Explicó que el órgano anticorrupción aprobado por el pleno de la Cámara Alta el pasado viernes, por tratarse de reformas a la Constitución fue turnado a la Cámara de Diputados para que lo ratifique, para luego enviarlo a los 31 Congresos Estatales que le den su aval y finalmente publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Posteriormente el Congreso de la Unión debatirá y aprobará su legislación secundaria.
El secretario de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado agregó que con el voto de las dos terceras partes de los legisladores que conforman la Cámara de Senadores será electo el titular de ese órgano anticorrupción, quien durará en el cargo nueve años y será propuesto por las organizaciones civiles del país. El Ejecutivo Federal tendrá la facultad de objetarlo y se haría un nuevo nombramiento por las tres quintas partes del Senado.
Urge darle un giro de 360 grados al grave problema de la corrupción que se vive en el país, aseguró el senador por Yucatán. “Muchos mexicanos piensan que sus autoridades y sus representantes son corruptos. Domina la idea de que los servidores públicos y funcionarios hacen uso ilegal de los recursos públicos, que se enriquecen de manera inexplicable y que no dan cuenta de sus ingresos y gastos. Si no logramos un saneamiento profundo de la administración pública en todos sus niveles, no podremos avanzar como país”, manifestó.
Aseguró que académicos, especialistas, representantes de la sociedad civil y diversas instituciones gubernamentales coincidieron en que la opacidad, el exceso de trámites, la ausencia de buenas prácticas de reclutamiento y la falta de estímulo económica a los servidores públicos y la existencia de decisiones discrecionales a cargo de los funcionarios, “son el caldo de cultivo que permite que la corrupción nazca y se desarrolle”.
Dijo que expertos consultados recomendaron diseñar una estrategia concebida en dos enfoques: el preventivo y el punitivo.
El enfoque preventivo se sustenta en que el gobierno funcione bien, que haya controles que desalienten la corrupción, que las acciones gubernamentales sean transparentes; que los servidores públicos tengan incentivos para no corromperse y que la sociedad pueda monitorear y fiscalizar permanentemente al gobierno.
En relación al enfoque punitivo hará que las instancias responsables de fiscalizar, supervisar y controlar estén bien coordinadas; que las áreas responsables de combatir la corrupción tengan adecuados y eficaces instrumentos persecutorios; que el marco jurídico sea claro, preciso y severo contra los actos deshonestos, y que se persiga y sancione con igual dureza al sector privado, es decir, que vaya contra el corruptor y contra el corrompido.
Adelantó que el Instituto de Combate a la Corrupción será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y estará abierto a las quejas que presenten los ciudadanos o que publiquen los medios de comunicación, también investigará denuncias hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Procuraduría General de la República (PGR), y las instancias locales anticorrupción en estados y municipios.
En la integración de las investigaciones correspondientes también coadyuvarán la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Policía Federal (PF), las procuradurías de justicia estatales, entre otras dependencias.
Esa actuación, aseguró, permitirá combatir frontalmente actos de corrupción como soborno, cohecho, peculado, malversación de fondos, uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración de la justicia, ya que podrá actuar por denuncia o de oficio, así como por la vía de atracción de asuntos de entidades federativas o de municipios.
“Le estamos dando ‘dientes’ y autonomía a este nuevo Instituto, pero tiene los controles necesarios para que no sea utilizado políticamente ni habrá ‘cacería de brujas’, sólo se actuará con la ley en la mano, caiga quien caiga, pero también es un llamado a la sociedad en general a erradicar las prácticas corruptas en todos los niveles y ámbitos, con el fin de heredar a las futuras generaciones un país honesto y confiable”, expresó el senador Daniel Ávila Ruiz.
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