Senado de la República

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna presentó un punto de acuerdo  en el que se exhorta al Ejecutivo Federal a no entregar ningún contrato, licencia o concesión a alguna empresa petrolera privada nacional o extranjera hasta que no se realice la consulta popular para que se opine sobre la reforma energética aprobada por el Congreso de la Unión.
Padierna Luna consideró que la reforma energética aprobada recientemente por el Senado y la Cámara de Diputados representa una regresión a la época que antecedió a la expropiación petrolera decretada por el General Lázaro Cárdenas. "Significa un despojo al país y al pueblo, porque se entregan las riquezas y los  recursos, patrimonio de todos los mexicanos, al lucro de empresas privadas,  en lugar de destinarse al bienestar y desarrollo libre y soberano de la nación".
"Sus consecuencias serán tan graves o más a la pérdida de la mitad del territorio en siglo XIX. Nos convierte en un país aún más dependiente de los intereses de las corporaciones extranjeras y de sus gobiernos. Se consuma un nuevo colonialismo con pérdida de la soberanía nacional", señala el punto de acuerdo.
A consideración de la legisladora perredista esta reforma es inmoral, ilegítima e inconstitucional. Atenta y rompe el pacto social surgido de la revolución mexicana; deshecha los principios que dieron sustento a la Constitución; niega el espíritu del constituyente de 1917 y cancela los beneficios que trajeron las expropiaciones para el pueblo de México, aún a pesar de la enorme corrupción de la clase política gobernante. Sólo un nuevo Constituyente elegido para ello podría hacer una modificación de tal magnitud y con previa consulta a la ciudadanía.
Recordó que el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República evidenció que la reforma energética privatizadora traerá consigo:  la entrega del petróleo, gas y electricidad a las empresas trasnacionales; el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad; el incremento hacia la población de los precios de los energéticos, luz, gasolina, gas y diésel; el sometimiento a la jurisdicción internacional de aspectos que deben ser decisiones soberanas de México en materia energética; el despojo a las comunidades de sus tierras, a favor de empresas trasnacionales; la ausencia de mecanismos de inversión productiva de los recursos generados por el petróleo y la electricidad y un mayor beneficio a las empresas mineras, al permitirles disponer del gas que existe en las que explotan carbón.
"Aunque la Reforma Energética reunió los votos necesarios en el Congreso de la Unión, no cuenta con la opinión favorable de la mayoría de las y los mexicanos. Así lo revelan varias encuestas realizadas previo a la reforma, pero también la intensa campaña mediática para vender supuestos beneficios que se quedarán en promesas incumplidas tal y como pasó con la Reforma Laboral, por dar un ejemplo reciente", afirmó.
A consideración de la senadora la consulta popular es una herramienta de participación que permite a los ciudadanos, opinar y decidir de manera directa sobre las determinaciones que los gobernantes han de tomar, siempre en beneficio de la propia sociedad. Por tanto es una vía para la llamada Democracia Directa, de este modo, el principio de soberanía popular que caracteriza la democracia, implica que el ejercicio del poder público es finalmente, potestad de los ciudadanos. "El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República considera que debe hacerse una consulta popular para decidir el destino del recurso no renovable más importante de nuestra Nación".
"Evidentemente, el tema que hoy nos ocupa es de trascendencia nacional, y continuar con este proceso sin que se tome en cuenta la opinión de la ciudadanía, implicaría una serie de violaciones constitucionales que además es en perjuicio directamente de nuestro pueblo, a quien nosotros debemos nuestra labor", aseguró.
Insistió en que las y los mexicanos gozamos del derecho a disfrutar de los recursos de la Nación. Por esta razón, es menester que sean ellos los que decidan, a través de una Consulta Popular, derecho imprescindible del que gozan en ejercicio del artículo 35 constitucional, puesto que los afectados, directa o indirectamente, serán para los mismos.  "Los recursos que pretenden entregarse mediante los contratos y concesiones previstas en la Reforma generarán un déficit en el presupuesto federal, lo cual implicaría un aumento de impuestos o la contratación de deuda para subsanar el boquete fiscal que traerán consigo dichas concesiones, siendo los ciudadanos los que serán, en suma, afectados en sus bolsillos".
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