Senado de la República

La reforma constitucional al artículo 27 en materia energética rompe con el pacto social emanado de la Revolución Mexicana y propicia que el Estado abandone la potestad y salvaguarda que debe tener sobre sus recursos naturales, como el petróleo, aseguraron senadores del Partido de la Revolución Democrática.
Por ello, los senadores del Grupo Parlamentario del PRD votaron en contra de la modificación al Artículo 27 Constitucional, propuesto por el PAN y el Gobierno federal, por considerar que se pone en riesgo el dominio de la nación sobre los recursos estratégicos, al eliminar la prohibición para otorgar contratos en materia de hidrocarburos.
En este sentido, los senadores del PRD presentaron una serie de reservas para intentar la modificación de la propuesta original presentada por el Gobierno federal y apoyada por el Partido Acción Nacional.
En el turno para razonar su voto, el senador Rabindranath Salazar Solorio aseguró que la reforma al Artículo 27 mina las capacidades de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.
Además, convierte a PEMEX en una suerte de contratista para los servicios de exploración, perforación y extracción con muy disminuidas capacidades para la transformación; mientras que a la empresa eléctrica, la reduce a una simple distribuidora controladora de un sistema de red troncal.
El legislador por Morelos señaló que la redacción ambigua del dictamen genera incertidumbre jurídica y esto se debe a la deficiencia legislativa en la forma en que se elaboró, “en lo oscurito” la reforma y el dictamen que hoy se discute.
“(El dictamen) en su redacción no establece de manera expresa las reglas técnicas, jurídicas y económicas bajo las que se llevará a cabo un esquema innovador y de participación de particulares, genera más dudas que certezas” explicó.
Por su parte, la senadora Dolores Padierna resaltó que la redacción propuesta para el Artículo 27 es peligrosa para el dominio de la nación sobre los hidrocarburos, ya que permite los contratos y con ello se permite a los particulares apropiarse de esto recursos.
Además específico que también se borra una frase fundamental la cual establece a la nación como la única beneficiaria de los recursos naturales, mientras que la redacción propuesta contradice el texto constitucional al otorgar los contratos a particulares.
Por su parte, el senador Benjamín Robles Montoya sostuvo que esta modificación vulnera la soberanía energética ya que permite a un particular participar en toda la cadena productiva del petróleo y además incorporarlo como su activo.
Al eliminar la prohibición para celebrar contratos con particulares, agregó, se le otorga “manga ancha al Ejecutivo Federal” para determinar mediante disposiciones administrativas y reglamentarias los alcances de tales contratos.
Respecto a las consecuencias de estas modificaciones, el legislador oaxaqueño explicó que se perderá el control del Estado sobre los hidrocarburos y el  sector energético dejará ser área estratégica y no será concebido ni como área prioritaria.
Durante su turno, Alejandro Encinas Rodríguez fundamentó su rechazo a la propuesta de modificación del Artículo 27 de la Carta Magna, al asegurar que de prosperar ésta, habrá una contrarreforma que va a llevar al país a “empeñar su futuro”.
Señaló que el artículo 27 constitucional permitió pacificar al país luego de la Revolución, si  embargo con esta reforma se pretende vulnerar la responsabilidad social y económica del Estado.
Encinas Rodríguez agregó que con las nuevas disposiciones en materia energética “se rompe con el pacto social que emerge del movimiento revolucionario que dio pauta al Estado  mexicano moderno. Se rompe la rectoría del Estado y la salvaguarda que éste debe garantizar sobre sus bienes”.
“Hoy se renuncia a la rectoría y se abdica frente a la rectoría del mercado sobre la economía. Se abandona la política que otorga al Estado mexicano la posibilidad de garantizar el desarrollo”.
Por su parte, Raúl Morón Orozco aseguró que la propuesta de dictamen que busca reformar el 27 constitucional “permite una privatización total y extrema de los recursos petroleros del país”.
Aseguró que todas las actividades productivas podrán ser transferidas al sector privado mediante diversas figuras jurídicas y el Estado será desplazado del control de los hidrocarburos.
“Tendremos pozos petroleros y refinerías privadas, estaciones de servicio privadas y rapaces compañías saqueando el bolsillo de los consumidores”, advirtió Morón Orozco.
A su vez, el senador Zoé Robledo calificó la modificación de este artículo como la reforma del contratismo, es decir, “pagar para que otros hagan lo que corresponde al Estado” y señaló que este es  un mal pernicioso que nunca se ha superado.
En tanto, la senadora Lorena Cuellar Cisneros reiteró que la reforma al Artículo 27 limita la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos exclusivamente al momento en el que se encuentren en el subsuelo, es decir, que al salir de éste, pasan inmediatamente a ser propiedad de un particular.
“Este artículo es la prueba más clara de que Enrique Peña Nieto está entregando nuestros recursos energéticos a empresas privadas y extranjeras… las está entregando al mejor postor” sostuvo la legisladora por Tlaxcala.
La senadora del PRD aseguró que esta reforma ocasionará la pérdida masiva de empleos en el sector energético y no cumplirá con la promesas del presidente Enrique Peña de bajar los precios de la luz, el gas y la gasolina.
“Es insensato, traicionero y vil, llevar a cabo esta reforma, porque recuerden, las privatizaciones que son elemento fundamental de la política neoliberal no han funcionado en México” subrayó.
Asimismo, el senador Mario Delgado Carrillo expuso su postura en contra de la modificación al Artículo 27 de la Constitución, ya que con esto se claudica con los principios de un México independiente, al otorgar a los particulares la concesión para explotar los hidrocarburos.
Aseguró que con los nuevos contratos que se establecen en el proyecto de dictamen, las empresas privadas vendrán a maximizar la extracción del petróleo y su utilidad a costa de la renta pública, sin ninguna consideración por el cuidado del medio ambiente, por las reservas o por el interés público.
El senador Luis Sánchez Jiménez apuntó que es inadmisible que se pretenda mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos exclusivamente cuando éstos estén en el subsuelo, como se plantea en la modificación.
Rememoró todo el camino que tuvo que recorrer el país para conseguir el dominio de los hidrocarburos con la Expropiación Petrolera de 1938, llevada a cabo por el general Lázaro Cárdenas, y acusó que hoy se pretende borrar todo eso limitando el dominio únicamente cuando los recursos se encuentren en el subsuelo.
Por su parte, el senador Armando Ríos Piter denunció la falta de cumplimiento de los acuerdos por parte del Partido de la Revolución Institucional, para sacar adelante la Ley de Participación Ciudadana.
Coincidió con el senador Alejandro Encinas respecto a que con la redacción propuesta al 27 Constitucional se rompe con el pacto social que emerge del movimiento revolucionario que dio pauta al Estado mexicano moderno.
El legislador por Guerrero pidió a sus pares del PAN y del PRI participar en el debate y contrastar ideas ante el pueblo de México.
El senador Adán Augusto López Hernández acusó a la administración de Enrique Peña Nieto de prender hacer cambios en materia energética, que en 30 años no se habían atrevido a hacer. Y señaló que la reforma termina de tajo con la historia nacional.
“Es desconocer la redacción que un grupo de mexicanos ilustres, como lo fue Andrés Molina Enríquez, hicieron de este artículo que venía a equilibrar toda una serie de carencias que habían, al establecer la propiedad pública, propiedad privada y propiedad social” aseveró el tabasqueño.
En su oportunidad el senador Fidel Demédicis Hidalgo reconoció que la propuesta del PRI y el PAN, en el artículo 27 Constitucional, efectivamente no menciona las concesiones pero sí deja abierta la posibilidad para todos los tipos de contratos.
“¿Qué son los contratos de utilidad compartida?, En dichos contratos la paraestatal y las compañías privadas especifican las normas que se deberán seguir en caso de no encontrar crudo por lo que la empresa podrá asumir o no el costo de la exploración”, explicó el legislador morelense.
Finalmente el senador Isidro Pedraza Chávez indicó que existen contradicciones en la proyecto de Reforma Energética, ya que por un lado intenta mantener la propiedad de estado sobre los recursos no renovables y por otro abre los contratos a los particulares cediendo actividades exclusivas de la nación a los particulares.